Vuelven los secuestros al trópico de Cochabamba; esta vez se trata de un joven de 24 años que el pasado domingo fue interceptado y obligado a subir a un vehículo en el municipio de Shinahota.
La familia del hombre informó a la Policía que recibió mensajes que exigen 50 mil dólares a cambio de la liberación o de lo contrario lo encontrarán sin vida. Mientras los investigadores siguen el rastro de los secuestradores, los allegados de la víctima viven una larga angustia sin saber qué más hacer.
En mayo de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en la región del trópico de Cochabamba se reportaron 13 secuestros en 2023. Por lo mismo, en diciembre de ese año ordenó un operativo con la presencia de uniformados de distintos departamentos para “pacificar” estos municipios donde no sólo hay secuestros, sino que también están estrechamente relacionados con torturas, acribillados y casos de narcotráfico.
Algunas localidades, como Entre Ríos, Villa Tunari, Chimoré y Shinahota, son los más afectados por el flagelo de la delincuencia. La Fiscalía informó que el año pasado hubo 23 casos de violencia extrema en el trópico, y la zona de Entre Ríos fue la más afectada.
El Ministerio de Gobierno y la Policía informaron que se desarticuló una banda de secuestradores conformada por una familia; sin embargo, meses después se siguen presentando estos delitos. Se presume que los líderes de esta organización criminal siguen dirigiendo a sus integrantes desde la cárcel, lo que no sería algo nuevo en Bolivia.
Es necesario reforzar la presencia policial en esta región, tanto en número como en equipamiento, debido a que la población ha sobrepasado al personal en más de una ocasión. Ocurrió el pasado 8 de mayo, cuando los comunarios de Ivirgarzama en Puerto Villarroel sacaron de las celdas policiales a los supuestos secuestradores y los lincharon sin que nadie pudiera hacer nada.
Los policías prácticamente se dedicaron a grabar con sus celulares todo lo que acontecía, con el fin de al menos tener algo de evidencia para el proceso investigativo.
Los comunarios han pedido en más de una ocasión al Estado seguridad, pues sus hijos no pueden salir a jugar o a estudiar, y los adultos tampoco pueden ni siquiera ir a trabajar. Se hace habitual hallar muertos por ajustes de cuentas y policías emboscados por narcos o secuestros.
Es responsabilidad de las fuerzas del orden brindar a los ciudadanos una vida segura, ya sea en la ciudad o en provincias, y es competencia de las autoridades de los distintos niveles del Estado proporcionar recursos y equipamiento adecuados a la Policía para que pueda cumplir con su mandato constitucional y hacer frente a las organizaciones criminales.
