En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo ha presentado informes sobre temáticas muy delicadas y cada vez más lacerantes. Por ejemplo, en junio pasado se publicó el Informe Defensorial denominado “Sueños interrumpidos”, el cual revela que, desde la gestión 2014 hasta septiembre de 2023, el Estado de Bolivia registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años, de los cuales el 38% corresponde a adolescentes de 16 años y el 62% a adolescentes de 17 años.
El miércoles, la Defensoría presentó otro informe que evidencia que el 55% de la población penitenciaria femenina pertenece a una de estos grupos en situación de vulnerabilidad: personas extranjeras, madres, mujeres embarazadas, mujeres que viven con sus hijos menores de seis años dentro del penal, personas adultas mayores, indígenas, mujeres con diversas orientaciones de género, personas con discapacidad, personas con VIH, con discapacidad psicosocial, drogodependientes o afrobolivianas.
En Bolivia, la situación de las personas que ingresan a los centros penitenciarios por cualquier delito presenta una serie de condiciones que vulneran sus derechos humanos, como el hacinamiento, el uso excesivo de la detención preventiva, la falta de acceso a servicios de salud, problemas en la distribución de recursos y el monto insuficiente de estos, entre otros aspectos. Esto queda muy claro en el informe de la Defensoría del Pueblo.
Los internos de las cárceles prácticamente tienen que buscar sobrevivir dentro de los muros penitenciarios, ya que también se enfrentan a grupos de poder que intentan controlar estos espacios.
En el caso de las mujeres, el informe revela y enfatiza que existen 145 niñas y niños menores de seis años que habitan en los centros penitenciarios junto a sus madres, expuestos a las precarias condiciones de las cárceles y a los efectos del hacinamiento, que afectan a todo el sistema penitenciario boliviano. Al igual que sus madres, estos niños cumplen una detención, pero por un delito que no cometieron.
La recopilación de datos hasta diciembre de 2023 da cuenta de la existencia de 1.871 mujeres privadas de libertad, cifra que se incrementó en un 12,5% entre enero y junio de 2024, alcanzando un total de 2.150 mujeres en esta situación.
Se había planteado implementar en Bolivia una justicia con enfoque de género, considerando que si una mujer entra a la cárcel, prácticamente toda una familia se destruye, ya que en muchos casos ella es el pilar del hogar. Se ha capacitado a los administradores de justicia para que tengan en cuenta esta realidad al momento de juzgar a las mujeres procesadas por delitos de diversa índole. Sin embargo, al parecer, esto no se está aplicando, y las cifras que difundió la Defensoría del Pueblo son un reflejo de esta situación.
