Los estudiantes de Medicina de las universidades privadas pagan de 2.500 a 5 mil dólares para hacer su internado en un hospital o centro de salud en Cochabamba.
Sin embargo, este costo no garantiza el desarrollo de sus prácticas laborales en condiciones mínimas ni una supervisión constante para evitar que sufran maltratos en los establecimientos de salud, de acuerdo al testimonio de varios internos.
“He pagado 29 mil bolivianos para que me maltraten, me mandaron a una clínica a trabajar sin descanso, sin ducha ni comida. Me he quejado muchas veces en la universidad, pero nadie me hizo caso”, denunció un interno, que prefirió mantener su nombre en reserva.
Contó que las humillaciones y la falta de respuestas a sus reclamos lo sumieron en una depresión que le obligó a someterse a un tratamiento psiquiátrico.
Otra estudiante dijo que la cotización del internado es en dólares y la institución no elabora ni un contrato y menos entrega una copia de la norma boliviana de Integración Docente Asistencial e Investigación del Ministerio de Salud (IDAI) para conocer sus derechos y obligaciones durante esta etapa.
Una integrante del Comité Movimiento Estudiantil, Marielly Arruda, cuestionó la dejadez de algunas universidades por precautelar el bienestar de los estudiantes.
Comentó que la situación de los extranjeros es más crítica, porque además de pagar por el internado y quedarse sin tiempo para generar recursos económicos tienen que pagar alquiler y comida.
Estos serían algunos de los factores que motivaron al estudiante de nacionalidad brasileña Sebastián Peixoto Junior a quitarse la vida el 14 de noviembre. Su deceso visibilizó el calvario de cientos de internos bolivianos y extranjeros, quienes comenzaron a movilizarse y crear un comité para modificar la normativa.
En los últimos días, cinco estudiantes instalaron dos piquetes de huelga de hambre, uno en la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y otro en el Consulado de Brasil en Cochabamba.
Ante esta problemática, los integrantes del Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (Cridai) sostienen reuniones permanentes para resolver algunos de los conflictos en medio de observaciones por la falta de sanciones a los agresores y medidas de protección para las víctimas.
En este contexto, la representante de universidades privadas ante el Cridai,Lilet Navarrete, señaló que se cumple con el “seguimiento académico y se procura el bienestar de todos los estudiantes”.
Remarcó que todas sus acciones están enmarcadas en las directrices de las normas vigentes de docencia asistencial y que la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), a través de su presidente, se reúne constantemente con las representaciones académicas de formación para hacer seguimiento.
Supervisión no abastece para más de mil internos
El vicepresidente del Cridai, Daniel Illanes, informó que en el departamento existe al menos mil internos. Unos 300 son de la UMSS y el resto de las universidades privadas.
“Las universidades privadas hacen convenios con los centros de los gobiernos municipales o con los servicios de la seguridad social de corto plazo. Los de la universidad pública tienen acceso libre a los establecimientos públicos de salud”, explicó.
Illanes mencionó que la universidad pública y las instituciones privadas cuentan con coordinadores de internado que deben velar por la seguridad, la disciplina y cumplimiento de los programos académicos. Sin embargo, la funciones no llegan a cumplirse a cabalidad porque estos no son suficientes para cumplir con todas sus funciones en los hospitales y centros.
Por su parte, la directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Cintia Rojas, anunció que se conformaron comisiones, a nivel del Cridai, para verificar la situación de los establecimientos de salud, después de conocer las denuncias de los internos y residentes sobre la falta de condiciones.
