La planificación en las diferentes entidades territoriales—metrópolis, conurbaciones o centros urbanos de la geografía boliviana— todavía no responde a un manejo integral del territorio. La administración centralista de los ministerios de Planificación y de Autonomías no deriva en espacios de menor escala y sus instrumentos de manejo de uso del suelo y del ordenamiento territorial no necesariamente son concurrentes entre las normativas nacional, regional y municipal.
Básicamente, la potestad del Órgano Ejecutivo a través de los ministerios mencionados evidencia el grado de centralidad aún vigente en el territorio nacional. A partir de la creación de la primera metrópolis en Cochabamba (Región Metropolitana Kanata, RMK, creada mediante la Ley 533, del 27 de mayo de 2014), y luego de nueve años, no existe un consejo regional afianzado, o una secretaría de metropolización que haya podido implementar una normativa metropolitana, que visualice problemas metropolitanos y funcione respondiendo metropolitanamente en las soluciones. Tampoco existe un plan regulador metropolitano (PRM) como instrumento de planificación que regule el desarrollo urbanístico del territorio, que podría ser emergente de una estrategia regional de desarrollo (ERD o EDIM, estrategia de desarrollo integral metropolitano, para el caso boliviano) que norme diversos temas vinculados a sus propias necesidades como la expansión urbana, agua, energía, residuos sólidos, transporte, sólo por citar algunos temas.
La vigencia de los PMOT (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial) tampoco es una característica formal de los municipios (hoy denominados Plan Territorial de Desarrollo Integral, PTDI), que en muchos casos no responden a realidades efectivas, en unos pocos son aplicativos y en otros aún no han sido renovados y/o reactualizados. Por lo que los primeros instrumentos como el Plan Regulador de la región urbana aprobado en 1961, el Plan Director de la región de 1981, los Planes Distritales y el Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio, inclusive los PMOT, aún son la base para el desarrollo funcional del territorio en el caso de Cochabamba.
La conformación metropolitana de Cochabamba no obedeció a un proceso de planificación territorial previa, emergente de estas carteras ministeriales y menos aún en coordinación con el poder ejecutivo departamental, ni con los municipios que son parte de esta nueva entidad territorial. Todo el proceso para acomodar la RMK fue posterior a la promulgación de la Ley. Esto generó una serie de desventajas visibles en la baja funcionalidad de una metrópoli conformada por ley, que evidencia muchos vacíos traducidos algunos en resultados negativos.
Un primer elemento observable en la conformación de la metrópoli es la presencia de municipios bastante diversos en población y en productividad. Otro aspecto radica en la relegada representatividad de la ciudad central a nivel nacional, su bajo aporte al PIB, y la insuficiente satisfacción de espacios laborales a migrantes internos de otros municipios de diferentes regiones. Está también presente como un indicador la baja población de la RMK conformada por la ciudad central y sus municipios adyacentes (1.451.453 habitantes según datos del INE, con proyección al 2022)
Otro aspecto desventajoso para el funcionamiento de un Consejo Metropolitano es el poder otorgado al gobernador, cuya visión política lamentablemente puede verse influenciada al momento de asumir posición respecto de soluciones que involucren a municipios no coincidentes política o ideológicamente, postergando la solución de problemas eminentemente técnicos.
Con certeza, este será un aspecto que tendrá su repercusión en los otros contextos que, de manera acelerada, fortalecen funcionalmente la conformación de entidades metropolitanas como es el caso de Santa Cruz y La Paz. Así, urge la necesidad de conformar un poder administrativo con visión multisectorial y de coherencia pública, de trascendencia técnica más que política, expresada como gobierno regional.
A partir de la evidencia de una participación fragmentada que responde a la voluntad de autoridades nacionales, regionales y locales, la baja tasa de participación ciudadana y la escasa vinculación de estas actividades con las políticas y la inversión públicas, desde el ámbito de la planificación urbana y la gestión ambiental, es preciso involucrar la participación y una selección de actores que vinculen eficientemente la institucionalidad pública con la ciudadanía, bajo la dirección de una figura despolitizada y mayormente técnica que aglutine voluntad política y conciencia ciudadana.
También es importante considerar, para el análisis de una gestión integrada, la presencia de indicadores que posibiliten un seguimiento del comportamiento metropolitano y de la planificación desarrollada para este efecto. Lamentablemente, a nivel nacional, regional y municipal, aún no es posible contar con estos instrumentos de evaluación o un sistema de monitoreo que permitan medir la conducta de la ciudad, las actividades públicas, las inversiones y los resultados.
En este sentido, se precisa una normativa que considere el ordenamiento territorial, el manejo ambiental y la sustentabilidad como base para un observatorio territorial que genere indicadores y metas para los servicios públicos regionales en la RMK, que cuente con respaldo político y estrategias de Estado que no se modifiquen por los cambios de autoridades políticas nacionales, regionales o municipales, al momento de pensar programas y proyectos vitales para la región metropolitana.
A la fecha no se ha consolidado la entidad territorial metropolitana, lo que conduce a asentir que tampoco está presente una gestión claramente vinculada con la multigobernanza. Internamente, en la región aún no se vislumbra una gestión integrada por instituciones públicas entre sí —gobernación y municipios—, ni entre estas instituciones con el sector privado y la sociedad civil. Asimismo, al no contar con indicadores de valoración ni modelos teóricos para un análisis del comportamiento metropolitano, no es posible su evaluación frente a temporalidades y a otros contextos latinoamericanos.
Este panorama refleja que en el mediano y corto plazo no se producirán mayores cambios, dado que el nivel central deslindó responsabilidades de gestión al departamento, y la gobernación no desarrolla directrices para profundizar en el tema. A nivel regional, lamentablemente, la escasa o ninguna coincidencia entre los municipios de la RMK, la baja participación ciudadana y el inexistente fortalecimiento de la planificación integrada no dejan visualizar un desarrollo metropolitano eficiente.
