La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a radiografiar al sistema de la justicia boliviana y ha puesto el acento en los desafíos históricos que son, desde hace décadas, objeto de su observación.
En su reciente y lapidario informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, la CIDH analiza las principales problemáticas que aquejan al sistema de justicia: la independencia judicial, las debilidades normativas, la composición de las altas cortes, la carrera judicial, la cobertura y acceso del sistema de justicia, la carga procesal y la mora, la situación presupuestaria, los desafíos para garantizar la interculturalidad en el sistema de justicia, el abuso del derecho penal y la situación de las personas privadas de la libertad.
También analiza los desafíos estructurales relativos a la falta de efectividad del sistema de justicia para la solución de la conflictividad y las abundantes denuncias de falta de independencia judicial que son prevalentes en la sociedad boliviana.
En el fondo, la CIDH plantea una reforma judicial integral que puede tener, en realidad, diferentes velocidades. El cambio pasa por una reforma de la Constitución para cambiar el sistema de designación de las principales autoridades judiciales, permitiendo que la Asamblea Legislativa designe a los candidatos, por dos tercios de votos de los parlamentarios presentes, previa calificación de méritos y un sistema de audiencias públicas que permita conocer y acreditar los méritos de los candidatos.
La designación, previa invitación, a una suerte de “notables”, como en algún momento se hizo con la ex Corte Nacional Electoral, constituye también una opción para restituir la institucionalidad perdida.
Sin embargo, la solución no pasa sólo por cambiar a las principales autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más serio y complejo de lo que aparenta. No sólo se trata de cambiar el sistema de designación de las principales autoridades judiciales e imponer la meritocracia en todos los niveles de esa administración, sino, y fundamentalmente, es necesario fortalecer al Órgano Judicial en su conjunto.
Y este fortalecimiento pasa por reconocer los cargos vitalicios, exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de los jueces, de forma que se cualifique su formación y capacitación permanentes. Se necesita institucionalizar la carrera judicial.
Lo más urgente es, sin embargo, restituir la independencia e imparcialidad a los jueces, porque un sistema judicial sin estas garantías básicas no sólo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, y permite que se imponga la ley de la selva, sino también pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado.
De hecho, la seguridad jurídica y ciudadana, dependen del fortalecimiento institucional.
Hay cambios que se pueden hacer sin necesidad de grandes reformas. Así, por ejemplo, aumentar el presupuesto económico (que no debe estar por debajo del 3% del total del Presupuesto General del Estado) y, con ello, se puede aumentar el número de jueces, infraestructura, tecnología, evaluación, cobertura judicial y, en consecuencia, el acceso del ciudadano a los servicios judiciales. Es imprescindible introducir el “expediente electrónico”, profundizar y perfeccionar las audiencias virtuales, incluso los juicios en todas las materias (su negación puede defender unos derechos, pero termina vulnerando otros).
El Órgano Judicial y el poder político tienen que sincerarse y reconocer que ha llegado el siglo XXI y la pandemia ha cambiado el mundo, menos la administración de justicia en Bolivia. De la misma forma, se necesita recuperar la oralidad en todos los procesos judiciales y promover los métodos alternativos de resolución de controversias (conciliación, arbitraje, salidas opcionales), que permitan descongestionar el sistema judicial en todo sentido.
Ausencia de autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.
La impostergable reforma judicial, que debe ser integral, puede tener distintas velocidades, todo depende de que haya voluntad política, y un fuerte compromiso ciudadano.
