Las consecuencias de la “nacionalización”
Las inadecuadas políticas aplicadas en el sector hidrocarburos durante las gestiones de Evo Morares y Luis Arce son la causa de la caída en la producción de gas y petróleo, y de la disminución de los ingresos por exportaciones de gas y de los ingresos fiscales por concepto de regalías, IDH y participaciones. Paralelamente, por la disminución de los hidrocarburos extraídos y la demanda desmedida de combustibles, importaciones de diésel y gasolina han crecido hasta convertir la balanza comercial energética en altamente deficitaria y afectar a la disponibilidad de divisas.
Asimismo, el congelamiento de precios de los hidrocarburos no sólo afecta a la economía de las empresas que los extraen y desincentivan la inversión en exploración, sino que exigen que el Estado destine una parte creciente de su presupuesto (alrededor de USD 3000 millones en 2024) para subsidiar los combustibles importados, monto que resulta superior a las rentas que percibe por la producción de hidrocarburos.
Los subsidios
Los subsidios a los hidrocarburos resultan de la fijación de precios locales muy por debajo de los costos de oportunidad. Es el caso del diésel, gasolina y otros, cuyos precios finales al consumidor se determinan a partir del precio de referencia del petróleo establecido mediante Decreto 27691 en 27.11 USD/bbl al ingreso de la refinería, muy inferior al precio de paridad de importación (aprox. 115 USD/bbl). El precio promedio del gas natural en punto de entrega en el mercado interno es de 1,08 USD/MMbtu (2024), en tanto que el precio de exportación fluctúa, en 2024, en alrededor de 6.5 y 8.5 USD/MMbtu.
Para los combustibles producidos y consumidos en Bolivia, la diferencia entre los precios locales y de mercado, en boca de pozo, significa una pérdida de ingresos para las empresas que realizan las actividades de exploración y explotación y, por tanto, junto con las elevadas regalías (50%), hacen poco atractiva la inversión. A esta diferencia se llama “subsidio implícito” o, desde otra óptica, se la puede conceptuar más cabalmente como un tipo de renta petrolera percibida directamente por la población a través de los precios locales. Pese a que, en algunos casos, la ley de promoción de inversiones en hidrocarburos (767/2015), prevé una compensación en el precio, no ha tenido efecto significativo y su aplicación ha sido muy marginal.
Cuando la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda, los combustibles faltantes (diésel oíl y gasolina automotora) se importan y la diferencia la paga el TGN en calidad de subsidios directos con cargo a su ya mermado presupuesto.
Las alternativas y los riesgos en la eliminación de los subsidios
Frente a la insostenible situación, el presidente Arce ha propuesto un referendo para consultar la posibilidad de eliminar los subsidios, esta consulta no solamente tiene objeciones legales, sino que es una atribución que debe encarar el Ejecutivo y no delegar su responsabilidad a una consulta popular por el mismo carácter técnico de la materia.
Se supone que, en el caso de los derivados del petróleo y en el espíritu de la norma que rige esta materia, la eliminación de los subsidios implicaría modificar el precio referencial de 27.11 USD/bbl, a partir del cual se calculan los precios al consumidor. Los efectos de esto serían: 1) se incrementan los precios al público; 2) mejoran las condiciones económicas para las actividades de exploración y explotación y, a mediano y largo plazo, se incrementa la oferta de petróleo y gas, y 3) disminuyen los subsidios erogados por el Estado generando un alivio en las finanzas públicas.
¡Atención! Sin embargo, hay que advertir que la tentación del Gobierno puede estar en no aumentar el precio de referencia, sino en pretender incrementar el IEHD (Impuesto especial a los derivados), que forma parte de la cadena de precios, para mejorar directamente sus ingresos o los de YPFB al no realizar el net back hasta boca de pozo. En este caso, el único que se favorece con la eliminación del subsidio sería el gobierno que contaría con doble beneficio: la disminución (o eliminación) del monto de los subsidios y el incremento de los ingresos percibidos por concepto de IEHD. O, en su caso, YPFB.
El escenario para el gas natural es similar. Un incremento en los precios al consumidor deriva en mejores ingresos y sería lo óptimo para avanzar en el establecimiento de condiciones que incentiven la exploración.
Pero, nuevamente, esto puede frustrarse si el gobierno no traslada este incremento hasta el campo de producción y se queda en los bolsillos de YPFB a objeto de utilizarlo para cubrir sus enormes gastos administrativos.
Las modalidades para la eliminación de los subsidios
Hay experiencias y modalidades que se pueden considerar: precios diferenciados dependiendo el sector de consumo, gradualidad, compensación para los sectores sociales de menores ingresos, una combinación de gradualidad y compensación, otras.
Los Tiempos y la Plataforma Una Nueva Oportunidad fomentan el debate plural, pero no comparten necesariamente los puntos de vista de la autora.
