Bolivia comenzó un ciclo de inestabilidad política en el año 2000 con la llamada “Guerra del Agua”, proceso que luego continuaría con la “Guerra del Gas”, llevando al derrocamiento de un gobierno democrático y constitucional, e iniciando la era de regímenes masistas que se extiende hasta la actualidad, etapa caracterizada por el sistemático desmontaje de la institucionalidad republicana.
En los últimos años, el departamento de Santa Cruz ha sufrido una serie de ocupaciones de predios productivos, privados o de comunidades indígenas, así como de tierras fiscales, por parte de grupos autodenominados “interculturales”, en una suerte de “Guerra de la Tierra”, ante la inacción de la justicia que muchas veces ha dejado en libertad a los integrantes de estas guerrillas toma-tierra, aun cuando hubieran agredido a periodistas y policías.
El agotamiento progresivo del financiamiento gasífero desde 2015, llevó a que desde el poder político se ofrecieran alternativas económicas a las bases de los “movimientos sociales”, con las tierras “vacías” del oriente como botín a repartir. La actual “Guerra del Fuego”, con incendios que en Santa Cruz se desarrollan en un 79% en tierras fiscales, es la continuación e intensificación de ese proceso, nuevamente con los “interculturales” como protagonistas principales, ahora convertidos en una suerte de milicias del fuego.
Estas “guerras de los elementos” (agua, gas o aire, tierra y fuego), parecen constituir una megaestrategia de largo plazo, tanto para la desestabilización de una democracia y la sustitución por un estado autoritario, como para el abuso extractivista de los recursos naturales.
Particular incidencia en esta “Guerra del Fuego” ha tenido el caudillaje de Evo Morales, quien no ha dudado en justificar los chaqueos y en oponerse a la pausa ambiental. Es el líder directo de los cocaleros del Chapare y, como tal, indirecto sobre los interculturales, sobre las milicias del fuego.
Los bomberos españoles que acudieron como parte de la cooperación internacional contra el desastre ambiental, detectaron evidencia de “una evolución que no es natural” en los incendios, confirmando la intencionalidad.
El Gobierno, por su parte, se tardó en declarar desastre nacional, probablemente porque esta medida impedirá que las tierras quemadas sean distribuidas en los próximos 5 a 10 años, paralizando el proceso de “segunda reforma agraria” que comenzó en tiempos de Morales, y que es parte del escenario de fondo de la crisis de los incendios.
Por supuesto, hay también otros actores y responsabilidades, en el sector estatal y privado, ya sea por acción u omisión. Lo cierto es que esta “Guerra del Fuego” de 2024 debería ser la última y el ecocidio anual tiene que terminar.
