El pasado 4 de octubre, la Calificadora de Riesgo S&P Global Ratings ratificó la evaluación negativa de Bolivia en CCC- una de las más bajas de su ranking, y advirtió sobre un menor crecimiento, riesgos en la estabilidad económica y monetaria, caída en producción de hidrocarburos, y dificultades para llevar a cabo políticas fiscales expansivas. El informe, que coincide con la apreciación previa de JP Morgan y de los analistas locales, es uno de los más alarmantes de los últimos años y contiene una veintena de advertencias sobre diversos temas, que han sido relativizados, una vez más, por el discurso gubernamental.
Más allá de las consideraciones específicas del informe, está claro que la situación de crisis ha sobrepasado abundantemente la etapa de los diagnósticos, las alarmas y los juicios, y nos ha colocado ante la imperiosa necesidad de buscar soluciones a una situación que, si no tomamos medidas efectivas, puede conducirnos a un escenario catastrófico que no vivíamos hace 40 años.
Enfrentar este contexto complejo, caracterizado por la caída de las reservas internacionales, crisis de balanza de pagos y déficit fiscal, requiere de un conjunto de acciones que permitan restaurar la confianza y estabilizar la economía. Para ello, el gobierno debe modificar el enfoque de intervención, concentrándose en los temas urgentes, evitando la dispersión y asumiendo como objetivo detener la crisis antes que lanzar un plan a largo plazo.
La prioridad tiene que ver con la escasez de dólares. En lugar de seguir esperando que una Asamblea hostil e irresponsable apruebe los créditos negociados con los organismos internacionales, el Gobierno debe tomar medidas como la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que puede establecerse en el Presupuesto General 2025; modificar el Reglamento de la Ley 351 para flexibilizar el ingreso y funcionamiento de ONG que reciban financiamiento del exterior; generar incentivos tributarios para la repatriación de capitales; garantizar las operaciones bancarias en dólares de montos inferiores a $us 50.000; liberar la compra y venta de dólares en el mercado paralelo; reglamentar y promover el uso de criptoactivos en las transacciones públicas y privadas; y concretar los swaps con China, Brasil y la Unión Europea para el comercio exterior con esos países.
En paralelo se debe flexibilizar el tipo de cambio de manera gradual, buscando reforzar la política monetaria para evitar un aumento descontrolado de la inflación, combinando tasas de interés más altas y políticas de control de la masa monetaria para estabilizar los precios.
Es necesario además explorar financiamiento internacional a través de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo de los BRIC, negociando condiciones favorables para estabilizar las reservas internacionales, también se debe promover la colocación de bonos verdes y gestionar créditos bilaterales concesionales, incluso con países afines ideológicamente al gobierno actual, como la China o Brasil.
Un segundo componente de urgencia debe ser el control del déficit fiscal, para lo cual es imprescindible implementar un ajuste gradual del gasto público y del subsidio de los carburantes, centrado en el control del contrabando, liberación de importación y comercialización de diésel, reducción de erogaciones ineficientes y reestructuración o cierre de empresas públicas que generen pérdidas. La disminución de la burocracia del Estado debe priorizar criterios de ajuste de los desequilibrios y disminución de la corrupción y la ineficiencia, antes que los despidos masivos, aunque podría por ejemplo eliminarse el gasto en propaganda, disminuirse el número de ministerios de dudosa necesidad o de embajadas y consulados de poca utilidad, aplicando el uso de oficinas virtuales o de legaciones concurrentes.
Es urgente, asimismo, mejorar la recaudación tributaria fortaleciendo su administración con tecnología y control efectivo para eliminar la evasión y aumentar la base de contribuyentes, especialmente en sectores como los productores de coca, las cooperativas mineras, los gremiales y el autotransporte.
Todas estas medidas son jurídica y técnicamente factibles y económicamente necesarias para enfrentar los problemas de crisis cambiaria y déficit fiscal, y lo más importante es que su aplicación depende de decisiones políticas del Órgano Ejecutivo que no necesita de pactos políticos ni mayorías parlamentarias inalcanzables en las actuales circunstancias. No estamos considerando por ahora los temas estructurales como la solución a la crisis energética, la caída de la producción, la inversión privada ni las medidas para transitar hacia un modelo eficiente, sostenible y justo en lugar del que estamos dejando atrás.
Las crisis son como los incendios, si no se los enfrenta a tiempo se descontrolan y destruyen todo a su paso, incluso a quienes los generaron. Ahora todo depende del Gobierno.
