Los vecinos de Quillacollo sufren por cuarta vez, en lo que va del año, la acumulación de basura en las calles y plazas de ese municipio. Prácticamente, el tema de los desechos se ha convertido en chantaje o presión para que las autoridades, sean locales o sean departamentales, atiendan las demandas de todos los sectores, sin considerar que esta medida se convierte en un atentado a la salud pública, dado que la gente respira los olores que emanan los residuos.
El primer bloqueo al ingreso del botadero de Cotapachi, que impidió el recojo de residuos, se llevó a cabo en enero de este año. Los pobladores de esta zona exigieron el cierre definitivo y rechazaron cualquier ampliación, pues aseguraban que es un foco de contaminación. Tras cuatro días de conflicto, los vecinos del Sindicato Agrario de Jawintiri firmaron un convenio para el traslado.
La segunda vez que se impidió el recojo normal de basura fue en mayo, cuando los afiliados de la Central Agraria de Cotapachi bloquearon por más de una semana el ingreso, exigiendo a las autoridades municipales y a la Gobernación la construcción de la vía Caico-Cotapachi.
El pasado 4 de junio, 117 trabajadores sindicalizados de la Empresa Municipal de Aseo de Quillacollo (EMAQ) llevaron a cabo un paro de 72 horas. Esta semana han iniciado una nueva medida de presión exigiendo el cumplimiento de un laudo arbitral de 2019 a su favor. Sin embargo, la Alcaldía aclaró que el fallo no puede ser retroactivo y propone aplicarlo a partir de la notificación en 2022.
“El punto aquí es el laudo arbitral, fuimos notificados en 2022, en diciembre. Debemos dar cumplimiento desde nuestra legal notificación”, declaró el asesor legal del municipio, Rodolfo Rojas. Sin embargo, los trabajadores rechazan esta posición e insisten en su demanda, por tanto, decidieron no retomar actividades laborales.
Ante esta situación cada vez más crítica, ya que diariamente se acumulan 180 toneladas de basura, los funcionarios administrativos salieron a las calles por instrucción del alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, para recoger los desechos acumulados en las esquinas. Se observó a algunos funcionarios municipales conduciendo los camiones basureros, mientras que otros, con pala en mano, levantaron las bolsas.
Si bien las demandas pueden ser legítimas y justas, es necesario que la población tenga un mínimo conocimiento de educación ambiental y conozca las consecuencias que genera la acumulación de basura domiciliaria, de los mercados y de hospitales. Las autoridades deben honrar sus compromisos y planificar el trabajo con miras a mejorar la calidad de vida de la gente, de modo que quizás este tipo de medidas disminuyan y se eviten los grandes perjuicios.
