Las informaciones que se difunden al público acerca de lo que ocurre en los recintos penitenciarios del país están generalmente marcadas por las condiciones de hacinamiento que soportan los privados de libertad, los episodios de violencia y otros aspectos de la vida detrás de las rejas.
Ese panorama más bien sombrío contrasta con los logros que algunos detenidos consiguen durante el tiempo de su encierro, como terminar estudios y hasta graduarse con un grado universitario.
De acuerdo con un artículo publicado ayer en la edición de Los Tiempos, “en las 46 cárceles existentes en el país, en los últimos cuatro años se graduaron 1.200 bachilleres y 24.707 técnicos en distintos niveles. Además, en la actualidad se forman a nivel licenciatura 856 reclusos”.
De acuerdo con la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, este año se graduaron en las cárceles de Cochabamba, 50 bachilleres y 600 profesionales.
Muchos de ellos son ahora titulares de una calificación de técnicos básicos y auxiliares en las áreas de electricidad, gastronomía, contabilidad, sastrería y otras ramas, informaba el Director Departamental de Régimen Penitenciario.
“El acceso a la educación es parte de la reinserción social, la conclusión de una etapa de estudio en un centro carcelario es el resultado del esfuerzo, tanto de la persona (recluida) como de los docentes de las instituciones que se dan modos para impartir su conocimiento a pesar de las limitaciones existentes”, declaraba esa autoridad.
Sin duda que el mayor esfuerzo para concluir una formación en humanidades, en el caso de los bachilleres, en una rama técnica o un grado académico de licenciatura recae en quienes estudian.
Debe ser complicado hacerlo dadas las condiciones en las que viven los internos en los centros penitenciarios, donde el promedio nacional de hacinamiento es de 194 por ciento, es decir que casi dos personas disponen del espacio que corresponde a una.
Y existen recintos donde el hacinamiento está por encima del promedio, como en la cárcel de San Pablo, de Quillacollo, con 500 por ciento; Mocoví varones, de Beni, con 492 por ciento; San Pedro, de La Paz, con un 228 por ciento, y Palmasola, en Santa Cruz, ocupada al 259 por ciento, de acuerdo con información proporcionada por el Director General de Régimen Penitenciario a principios de junio de este año.
Dos meses más tarde, la misma autoridad declaraba que en Bolivia existían 31.900 privados de libertad, “cerca de un 70 por ciento son preventivos y se está volviendo a subir la cifra respecto de los condenados”.
En ese contexto, es alentador conocer que decenas de detenidos consiguieron culminar los estudios que emprendieron y se beneficiaron no sólo con la adquisición de conocimientos y habilidades, sino también con la reducción de sus penas de cárcel.
