Pasaron dos semanas de bloqueos intensos en Bolivia, que han dejado una profunda cicatriz en la vida cotidiana y en el aparato económico del país. Las cifras, que superan los 1.200 millones de dólares en pérdidas (cálculos del Gobierno), han castigado sobre todo a los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y con ellos a miles de familias que ven reducidas sus arcas con la inflación de los productos de la canasta básica. Cochabamba ha sido el epicentro de estos bloqueos, aislando a esta región vital para la conectividad nacional y sumergiéndola en una crisis que parece no tener salida en el corto plazo.
Desde el comienzo de los bloqueos, la infraestructura económica del país se ha visto puesta a prueba. Los sectores productivos (bananeros, lecheros, avicultores y demás productores) han experimentado una parálisis parcial que agrava una crisis de precios y suministro. El Gobierno ha activado un puente aéreo entre Santa Cruz y Cochabamba para intentar aliviar la escasez de alimentos, especialmente en productos como el pollo y otros insumos. Sin embargo, las medidas son sólo de mitigación.
La intervención policial en puntos clave como en Parotani consiguió abrir la carretera muy brevemente, pues, casi de inmediato el contrataque de los bloqueadores derivó en más de 14 heridos (con un policía que casi pierde una pierna por un dinamitazo) y más de 44 detenidos.
La imagen de los camiones retenidos, los alimentos echándose a perder y la gasolina escaseando contrasta con las amenazas de Evo Morales de radicalizar la medida y convocar a sus seguidores a lo que él llama una “legítima rebelión indígena”.
Del otro lado, las protestas empresariales (que reportan 4.500 millones de bolivianos de pérdida en su sector) reflejan el cansancio de una ciudadanía que observa cómo los intereses políticos individuales erosionan su bienestar. Los empresarios y cívicos convocaron a un cabildo el viernes, los lecheros echaron estiércol en oficinas públicas y los bananeros arrojaron su fruta a la carretera.
Para muchos bolivianos, el tema es claro: los bloqueos deben cesar y el Gobierno debe intervenir. Las demandas de los bloqueadores no son posibles de negociarse. El Gobierno ha anunciado un desbloqueo gradual, pero la violencia de los evistas ha sido superior. Ante esta situación, el Ejecutivo promete a la población el desbloqueo total de las carreteras y la población le toma la palabra y abriga una esperanza.
Las heridas dejadas por estas dos semanas de bloqueo en Bolivia ya desesperan y los sectores productores se declaran en emergencia.
El conflicto no solo bloquea las carreteras, sino que amenaza con bloquear el futuro de Bolivia.
