La pasada semana, el presidente Luis Arce comunicó oficialmente que nuestro país tiene 23 millones de toneladas de litio distribuidos en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, lo que nos hace poseedores de la mayor reserva de ese metal en el mundo. Coincidentemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un estudio publicado en junio último, confirmó que Bolivia tiene una participación del 24% en recursos globales de este mineral superando a las 23 naciones que forman parte del complejo de litio en el planeta.
No es la primera vez que Bolivia aparece liderando las cifras de recursos naturales a nivel mundial. Históricamente llegamos a registrar las más grandes reservas de plata y estaño, y la segunda reserva sudamericana de gas natural. La explotación de estos recursos dio origen a varios períodos económicos importantes que aumentaron los ingresos públicos, reordenaron el poder político e impulsaron el crecimiento de regiones, aunque generalmente fueron ciclos de corta duración y, al final de todos ellos, siempre quedamos entre los países más pobres del continente.
Por eso, la noticia de nuestra posición privilegiada en relación al litio revela quizá el desafío más importante de nuestra historia reciente, no sólo porque abre una nueva oportunidad de ingresos para el país, sino porque nos permite aportar al proceso creciente e irreversible de transformación mundial, que opta por el uso de energías alternativas como reemplazo a los combustibles fósiles.
Sensiblemente, la producción de este mineral es más lenta que la demanda, debido a que tropieza con procesos tecnológicos poco desarrollados, riesgo medioambiental y tiempos prolongados de extracción. De hecho, Latinoamérica, que posee cerca del 55% de la reserva mundial, produce sólo el 31% de la oferta, frente a una demanda que crece a casi el 10% anual y que, según entidades especializadas, podría alcanzar los 2,1 millones de toneladas en 2030 impulsada sobre todo por el crecimiento acelerado de la electromovilidad en Europa y Asia.
En relación al precio internacional del litio, “no sólo se multiplicó casi nueve veces, sino que no se observa un descenso significativo, como en el de los otros minerales” (Cepal, 2023). Según Bloomberg, su valor llegó a superar los 80.000 dólares la tonelada y ha subido 1.200% entre 2020 y 2022. Eso ha generado para Chile, por ejemplo, ingresos de 7.700 millones de dólares y para Argentina de 695 millones por sus exportaciones de carbonato de litio en 2022. Por ese mismo concepto, Bolivia exportó apenas 52 millones de dólares el año pasado, debido precisamente a su retraso en la producción, aunque se estima que la exportación relevante empezará en 2025.
Las cifras son exorbitantes, así como las expectativas respecto al negocio del “oro blanco”, que no sólo tenderá a aumentar en demanda sino también en precio, pese a la caída de la cotización internacional en 2023 debido a la ralentización de la economía china. Es precisamente esta realidad la que ha convertido a los países productores de litio en el centro de una nueva disputa geopolítica en la que ya están interviniendo las principales potencias del mundo, así como gigantes compañías de energía, finanzas, transporte e industria.
Bolivia ha ingresado en este escenario con nuevas reglas, grandes oportunidades y enormes desafíos. El presidente Luis Arce en su reciente participación en la Cumbre UE–Celac expresó, refiriéndose al litio, que “el país participa de toda la cadena productiva, desde la minería hasta la comercialización, pasando por la industrialización. Estas son las reglas del juego, y quien acepte las reglas del juego será bienvenido”.
Más allá de la definición estratégica, hay otros temas pendientes como la necesidad de llegar a consensos sobre las regalías que beneficiarán a Potosí y Oruro (con los que el país tiene una deuda histórica), la gestión ambiental, la inclusión de capitales de inversión extranjera y la participación del sector privado nacional. Sobre todo, el mayor desafío es la utilización de los beneficios de la era del litio como un medio para impulsar la diversificación económica, la industrialización y el desarrollo armónico y equitativo de los bolivianos, antes que el crecimiento de la burocracia o el enriquecimiento de grupos políticos o actores corporativos.
Es evidente que las condiciones que caracterizaron al Estado y la sociedad boliviana en el auge del gas, del estaño y la plata no son las mismas hoy en día, y que los bolivianos ya no vamos a aceptar que el resultado de este ciclo repita esas experiencias frustrantes, por eso creemos que el litio no sólo precisa de una política de Estado coherente y sostenible, sino también de la participación activa de todos los sectores y, sobre todo de la garantía de que esta vez los políticos no convertirán una oportunidad nacional (que puede ser la última) en un espacio para sus disputas ideológicas y electorales.
