La noticia más destacada en el ámbito de la economía mundial en las últimas semanas ha sido la decisión de la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings de rebajar la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos de AAA a AA+. Esta decisión se fundamenta en un “deterioro de los estándares de gobernanza” y en “reiterados enfrentamientos políticos por el límite de la deuda y resoluciones de último minuto”.
Aunque este no es un suceso inédito, ya que Standard & Poor’s (S&P) realizó una rebaja similar en 2011, es relevante resaltar que el impacto en el mercado de acciones ha sido notablemente limitado en comparación con el episodio de 2011. Además, dadas las implicaciones del marco regulatorio de Basilea, donde se establece un requisito de capital del 0% para bonos calificados entre AAA y AA, el impacto en el sistema bancario resulta prácticamente nulo.
Dado este acontecimiento, que no ocurre de manera habitual, es pertinente revisar la calidad crediticia a nivel global. Según los recientes informes de S&P sobre las tendencias de las calificaciones soberanas, en el año 2022 se registraron cinco incumplimientos soberanos: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Ghana y Sri Lanka. Dentro de los 137 soberanos calificados por S&P, el 52% ostenta calificaciones de “grado de inversión” (alta probabilidad de cumplir con sus obligaciones de deuda). Sin embargo, ocho países han recibido la calificación más baja de CCC+, indicando un riesgo significativo de incumplimiento.
Las persistentes alzas en las tasas de interés a nivel global, que encarecen el financiamiento, combinadas con un menor crecimiento económico y una incertidumbre geopolítica latente, pueden generar desafíos en lo que respecta al riesgo crediticio, especialmente para algunos países emergentes. En lo que va del año, tres países ya han incumplido sus pagos (Argentina, El Salvador y Mozambique), y en la región de América Latina, tres naciones han experimentado rebajas en sus calificaciones de deuda (Argentina, Bolivia y El Salvador).
Un caso particularmente llamativo es el de Argentina que, para enfrentar el vencimiento de 3.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, a principios de agosto tuvo que recurrir a un “crédito puente” (préstamo de corto plazo que se utiliza para cubrir una necesidad financiera temporal) por 1.000 millones de dólares de la CAF-Banco de Desarrollo y a un swap (permuta financiera) de monedas con China. Esta decisión se produce en un momento de alta incertidumbre económica y política, en medio de una inflación interanual superior al 115%, una marcada devaluación del peso argentino y con elecciones generales en octubre de este año.
En el caso de Bolivia, en menos de dos semanas deberá afrontar el pago del vencimiento del bono soberano Bolivia 23 por 188,8 millones de dólares. Aunque no se trata de una suma desmedida, este pago representa el 61% de las reservas internacionales en efectivo reportadas por el Banco Central de Bolivia al mes de abril.
En relación a otros bonos soberanos, con datos al 10 de agosto de 2023, el Bolivia 30 se negocia a 78,5 centavos con un rendimiento del 12,38%, mientras que el Bolivia 28 se cotiza a 66 centavos y presenta un rendimiento del 14,97%. Es importante destacar que, si bien rendimientos más altos podrían indicar un mayor riesgo de incumplimiento, estos han descendido desde su punto máximo de mediados de abril (más de 19%), después de la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de la Ley del Oro y otros contratos de crédito externo.
Según la consultora británica EMFI, aunque no se prevé que Bolivia entre en un incumplimiento a corto plazo, el fantasma de una crisis en la balanza de pagos aún no ha desaparecido por completo, por lo que resulta imperativo que el Gobierno implemente reformas urgentes para restablecer la sostenibilidad fiscal y recuperar la confianza del mercado, una propuesta que también comparten las calificadoras de riesgo.
Para concluir, en un escenario económico global marcado por la interacción entre factores como las tasas de interés, la incertidumbre geopolítica y la capacidad de los gobiernos para gestionar sus finanzas, resulta evidente que la evaluación del riesgo crediticio adquiere un protagonismo crucial.
Las decisiones de las agencias calificadoras no solo reflejan las vulnerabilidades y desafíos de las naciones, sino que también plantean la necesidad de una gestión fiscal sólida y reformas estructurales que inspiren confianza en los inversionistas y sienten las bases para un futuro más sostenible y próspero.
