Hace unos días salió la escalofriante cifra de que con los terribles incendios de bosques que están ocurriendo, por lo menos han perecido seis millones de animales. Si ahora mismo escucho un solo individuo pájaro cantor que alegra mi tarde y me deleito con su dulce existir, me pregunto con profunda tristeza, cuántos pájaros cantores, perezosos, parabas, delfines rosados, anfibios, caimanes, jaguares, abejas, luciérnagas significan seis millones. ¿Cuántos benéficos árboles, arbustos, hierbas silvestres se están calcinando hoy mismo sin misericordia por la miserable y mezquina avaricia humana? ¿Quién nos dio semejante derecho destructor como especie?
¿Será que todos/as y cada uno/a de nosotros/as tenemos el mismo grado de culpa y responsabilidad por estos desastres ambientales? Porque una cosa es un/a ciudadano/a de a pie, peatón/a, que vive pacíficamente de un trabajo honesto y otra es un plutócrata agroindustrial, ganadero, soyero, loteador, minero, cocalero que hace décadas se enriquece a costa de los bosques, selvas, áreas protegidas y que maniobra en los Gobiernos de turno asegurando la primacía de sus intereses a costa de la vulneración del bien común. Otra cosa son los politiqueros que toman el manejo del Estado como botín y fuente de acumulación de riqueza para ellos, sus familias, compadres y allegados/as, realizando negociados con proyectos de inversión pública monumentos al cemento y engullendo áreas verdes. Es decir, este desastre ambiental sí tiene culpables y responsables mayores. ¿Quiénes son?
El saqueo de Bolivia se inició desde su fundación con lo que Zavaleta llamó “oligarquías sonsas” dedicadas a expoliar las minas y tierras bolivianas (latifundios) con base en la semiesclavitud indígena y sin una noción mínima de inversión a largo plazo, se dedicaban a acumular y despilfarrar en consumo suntuario y por eso ni siquiera articularon una noción de país.
La depredación de bosques y selvas en Bolivia se consolidó con la dictadura de Banzer en la que los plutócratas agroindustriales entraron a gobernar directamente. En ese tiempo, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunció que los plutócratas y los militares se repartieron tierras en áreas protegidas, bosques y selvas y por algo había una fábrica de cocaína en pleno Parque Nacional Huanchaca y asesinaron al dulce amante de la vida Noel Kempff Mercado.
El resto de gobiernos posteriores a la transición democrática (municipales, departamentales, nacionales) perpetraron el mismo patrón de depredación que llaman “desarrollo” y “progreso”, deforestando las ciudades y comunidades rurales, permitiendo el avasallamiento de las áreas protegidas, restando áreas verdes.
Los gobiernos del MAS que tanto prometieron “cambio” y “transformación”, resultaron herederos de la misma lógica feudal, ecocida, depredadora, corrupta y saqueadora de las oligarquías tradicionales bolivianas en una versión aumentada y corregida, ya que en esos gobiernos se sumaron más actores depredadores e irresponsables ambientales (avasalladores de tierras, cocaleros, mineros cooperativistas) y se aprobó el paquete normativo incendiario en alianza justamente con los plutócratas agropecuarios, mineros, petroleros, especuladores de tierras. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las lindas fotitos de la Unión Juvenil Cruceñista en “luna de miel” con dirigentes y autoridades del MAS?
A pesar de que supuestamente la crisis política de 2019 tuvo como parte del trasfondo el tema del desastre ambiental en Bolivia, generado por el paquete normativo incendiario y otras políticas públicas ecocidas, sucedió que en el gobierno de Áñez no sólo continuó vigente, si no fue aumentado y corregido con más normativas incendiarias y depredadoras. Y los funestos incendios continuaron.
Hoy que nuevamente el MAS está en el poder, continúa vigente el paquete normativo incendiario y siguen intactos los intereses de los mismos plutócratas agroindustriales, ganaderos, soyeros, loteadores, mineros, cocaleros, etc. y esa es la causa de tanta negligencia e indolencia institucional y gubernamental cuando el país literalmente se quema.
Sin embargo, es verdaderamente el colmo que la reacción legítima de movimientos ambientalistas que actuamos a la obvia defensiva y rebeldía por esta situación catastrófica, quiera ser cooptada por grupos y personas vinculadas a la política partidaria “opositora” que igual ostentan responsabilidad histórica con el ecocidio en Bolivia (tal como detallé líneas arriba), sin contar gestiones públicas como gobiernos municipales que también en sus jurisdicciones aplican la concepción caduca y ecocida de “desarrollo” y “progreso” que caracteriza al gobierno nacional, reduciendo las áreas verdes en sus ciudades y comunidades a la menor oportunidad.
