Autoridades y residentes del municipio de San Rafael de Velasco, en la región chiquitana de Santa Cruz, alzaron la voz por el creciente impacto ambiental de casi 500 hornos de carbón que operan con maderas preciosas y semipreciosas, como morado, tajibo, roble, curupaú y sirari. Estas especies, de alto valor en exportación, están siendo usadas para producir carbón sin regulación clara y, en muchos casos, sin autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
El alcalde Humberto Vargas Roca denunció que, pese a la “pausa ecológica” vigente, la producción de carbón continúa. “Es inadmisible la cantidad de hornos que hay en la Chiquitanía; nadie tiene cifras exactas. Aquí en San Rafael, en plena humareda, encontramos un horno funcionando a un costado de la carretera hacia San José de Chiquitos. ¿Quién controla esto? La ABT debería hacerlo”, declaró. El Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz asigna el 80% del territorio de San Rafael a vocación forestal, subrayando la importancia de esta zona para la conservación.
Según las autoridades locales, la comunidades establecidas en la última década estarían detrás de esta actividad. El cacique de Santa Teresita del Surutú, Alejandro Vaca Díez, calificó como “ilegal” la producción de carbón en condiciones de alta vulnerabilidad ambiental y subrayó también el riesgo de incendios. Además, denunció que, mientras las comunidades indígenas cumplen con estrictos requisitos para obtener permisos, los nuevos asentamientos parecen beneficiarse de un trato preferencial.
El gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, Julio Egüez Aguilera, atribuyó la creciente frecuencia de incendios forestales a “gente que llegó del interior” y que, según él, actúa con impunidad por su afinidad con el partido gobernante. “La ABT viene de vez en cuando, pero se hace de la vista gorda”, afirmó Egüez.
Áreas protegidas
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó resoluciones de asentamiento en áreas de vocación forestal, lo que facilita la deforestación y el desmonte en zonas protegidas. A cada comunario se le permite desmontar hasta 20 hectáreas, lo que ha resultado en la apertura de extensas áreas de bosque donde ahora operan hornos de carbón.
Egüez denunció que personas de otros departamentos llegan con resoluciones del INRA, exigiendo derechos sobre esas tierras. Esto supone una carga para las autoridades locales, ya que los nuevos pobladores demandan servicios básicos, como caminos, educación, salud y agua potable, presionando los recursos municipales de San Rafael.
Incendios
Los recientes incendios forestales en San Rafael de Velasco arrasaron 600.000 de las 900.000 hectáreas del municipio, afectando gravemente su capacidad productiva. Según el alcalde Vargas, la sequía agrava la situación, causandos pérdida de pasturas, cultivos y áreas forestales.
