La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó otorgar medidas cautelares a favor de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales, el próximo 15 de diciembre, confirmó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.
Las elecciones judiciales se encuentran en riesgo debido a acciones de garantías que están siendo revisadas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los denominados “autoprorrogados” y pueden derivar en una medida cautelar de suspensión.
El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe calificó la determinación de la CIDH de un balde agua fría. “Teníamos la esperanza de que esta instancia (CIDH) nos otorgue esta medida cautelar, pero otra vez hemos quedado huérfanos en esta absoluta indefensión”, lamentó.
Los vocales del TSE solicitaron medidas cautelares a la CIDH al considerar que atraviesan una situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad en el actual contexto de conflicto político y, sobre todo, por las presiones que reciben, principalmente del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), para la toma de decisiones concernientes a ese partido político.
Lamentó que actualmente los vocales están en medio del “fuego cruzado” entre los políticos. Asimismo, reclamó que las autoridades electorales no gocen de juicio de responsabilidades, que los pondría blindar ante las presiones.
La CIDH no vio motivos suficientes para acceder al pedido, pese a los más de 40 amparos constitucionales que se interpusieron contra los comicios y el proceso de selección de candidatos.
De acuerdo con información oficial, una medida cautelar es un mecanismo de protección mediante la cual la Comisión solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
“Estamos en una total inseguridad jurídica, no hay garantías para nuestras labores. Esto nace en 2010, porque no se incluyó a los vocales en la Ley 044, que otorga fuero especial para el ejercicio de funciones de altas autoridades del Estado”, añadió el vocal en alusión a la normativa que protege a ciertas autoridades de ser juzgadas por la vía ordinaria, pero no contempla a los vocales electorales.
“Ante este rechazo, vamos a seguir intentando y tramitando medidas cautelares ante esta instancia en los siguientes días, pero debería ser el Estado boliviano quien nos otorgue seguridad jurídica”, indicó el vocal.
