La minería de oro en Bolivia atraviesa un momento decisivo, en el que su importancia económica contrasta con los profundos impactos ambientales y sociales que genera. Aunque los precios internacionales del oro se mantienen sostenidos, el panorama local está marcado por complejidades que demandan una regulación más efectiva del uso de mercurio y una lucha frontal contra la minería ilegal.
Entre 2021 y 2023, la producción de oro en Bolivia creció un 2,08%, mientras que las exportaciones disminuyeron un 7,53%. Este comportamiento refleja la estrategia del Banco Central de Bolivia (BCB), que ha intensificado la compra de oro para diversificar las reservas internacionales. En contraste, países vecinos como Colombia y Perú presentan relaciones diferentes entre producción y exportación, resaltando particularidades regionales.
En Bolivia, la relación entre exportación y producción es del 96,54%, una alineación notable. Sin embargo, en Colombia las exportaciones superan la producción en un 141,79%, mientras que en Perú esta proporción alcanza un 180,70%, sugiriendo posibles irregularidades o subdeclaraciones. Para el viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros López, estas cifras reflejan cómo las políticas internas influyen en la dinámica del sector.
El mercurio y su impacto
El mercurio, ampliamente utilizado en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), plantea graves riesgos para la salud y el medioambiente. Entre 2021 y 2023, Bolivia registró la importación de 282,8 toneladas de este metal, consolidándose como un país de tránsito hacia otros mercados.
Aunque el Decreto Supremo 24176 clasifica al mercurio como sustancia peligrosa y regula su manejo, su aplicación enfrenta serios desafíos, incluyendo la minería ilegal y la dependencia económica de muchas comunidades hacia esta actividad. El uso de mercurio genera contaminación que afecta cuerpos de agua y entra en la cadena alimenticia, con graves consecuencias para las comunidades locales, especialmente mujeres embarazadas y niños.
En un intento por mitigar este problema, el Gobierno implementó el Decreto Supremo 4959, que introdujo el Registro Único de Mercurio (RUME) para controlar su comercialización. Según el viceministro Ballesteros, esta medida permitió reducir las importaciones de mercurio en un 66,9% entre 2022 y 2023. No obstante, persisten grandes desafíos para erradicar sus impactos en el medioambiente.
Contrabando
Oscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), advierte que el Decreto Supremo 4959 no aborda un tema clave: el contrabando de mercurio.
Aunque el control más riguroso sobre los importadores legales podría disuadir la comercialización ilícita fuera del país, la normativa carece de mecanismos efectivos para supervisar su comercio y garantizar su trazabilidad. Además, no existe información precisa sobre los canales de comercio y transporte del mercurio en Bolivia.
Un análisis preliminar del comercio de mercurio en Sudamérica realizado por el Cedib revela un panorama preocupante.
Mientras otros países de la región han reducido significativamente sus importaciones, Bolivia se ha consolidado como el mayor importador de América Latina (81,5% en 2021) y uno de los principales a nivel mundial (12,3%).
Estas cifras subrayan que Bolivia no sólo es un gran consumidor de mercurio, sino también un punto estratégico para el tránsito ilegal hacia otras naciones de la región.
Contexto regional
La minería de oro en Bolivia presenta una situación única frente a sus vecinos.
Mientras el país prioriza la retención de oro para fortalecer sus reservas, Colombia y Perú enfrentan problemas relacionados con la minería ilegal y la contaminación por mercurio, pero con estrategias divergentes:
- Colombia: la producción creció un 9,46% entre 2021 y 2023, pero las exportaciones cayeron un 9,70%, lo que podría reflejar problemas logísticos o mayor consumo interno. La relación exportación-producción del 141,79% apunta a irregularidades comerciales.
- Perú: la producción aumentó un 2,71%, con una leve caída del 1,10% en exportaciones. Su relación exportación-producción del 180,70% también sugiere volúmenes no declarados.
Minera ilegal
La minería ilegal es uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad del sector minero en Bolivia. Esta actividad evade impuestos, genera competencia desleal y contribuye significativamente a la contaminación ambiental y los conflictos sociales. Muchas comunidades, dependientes de la minería artesanal, quedan atrapadas entre la necesidad económica y los efectos negativos de estas prácticas.
Aunque Bolivia ha ratificado el Convenio de Minamata para reducir el uso global de mercurio, el país enfrenta limitaciones para cumplir sus objetivos debido a la falta de recursos y capacidades. El compromiso internacional sigue siendo clave para acceder a financiamiento y asistencia técnica.
Modelo sostenible
La minería de oro es una fuente crucial de ingresos para Bolivia, pero también un reto ambiental y social de gran envergadura.
Desde la perspectiva del viceministro de Política Minera, superar este dilema requiere:
1. Fortalecer la regulación sobre el mercurio: mejorar la implementación del RUME y endurecer las sanciones por el manejo inadecuado del metal.
2. Combatir la minería ilegal: incrementar la coordinación entre instituciones gubernamentales y buscar apoyo internacional.
3. Promover tecnologías sostenibles: introducir métodos menos contaminantes y fomentar alternativas económicas para las comunidades dependientes de la MAPE.
4. Reforzar la fiscalización ambiental: asegurar que las operaciones mineras cumplan con los estándares establecidos.
Bolivia enfrenta una encrucijada: equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental no puede postergarse.
Aunque medidas como el RUME han mostrado avances, es imperativo intensificar los esfuerzos para reducir el uso del mercurio, combatir la minería ilegal y proteger tanto a las comunidades como al entorno natural. Sólo así, el país podrá asegurar un futuro más sostenible y justo para todos.
