La controvertida Ley de Comunicación Social de Cuba, que desconoce a la prensa no oficial y permite la publicidad comercial por primera vez desde el triunfo de la revolución (1959), fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, más de un año después de su aprobación parlamentaria.
La legislación, acompañada de dos decretos regulatorios, es la primera de su tipo en la isla en 70 años y combina el alineamiento político de los medios autorizados, la regulación de los fenómenos digitales (incluidos 'influencers') y una cierta apertura para permitir la publicidad y los patrocinios comerciales.
La ley, que entrará en vigor en 120 días, fue aprobada por unanimidad en mayo de 2023 en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) tras una treintena de borradores y el retraso de medio año de su trámite parlamentario por falta de consenso interno.
El vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), Onelio Castillo, aseguró en una conferencia de prensa al anunciar la publicación de la ley que se trataba de una "jornada trascendental" tras un largo proceso guiado por la "decisión política" del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).
"Cuba no solamente tiene una Ley de Comunicación Social y dos reglamentos que van a implementar jurídicamente una voluntad política, sino que también cierra un ciclo muy importante de 40 años de debate", afirmó Castillo, quien se refirió a la ley como un "instrumento extremadamente complejo".
Cuestionado al respecto, el vicepresidente del IICS empresarial que la ley había tenido modificaciones sustanciales en el último año. Él mismo sostuvo en octubre pasado que la normativa estaba siendo "sometida a un proceso de revisión y corrección de estilo", según publicó entonces el diario oficial Granma.
"La ley no tiene ningún cambio sustantivo que cambie su esencia" ni "ninguna transformación que signifique quebrar la voluntad" de los diputados, afirmó Castillo, quien aclaró que las modificaciones menores que se han introducido están asociadas al debate que se dio en la ANPP en torno a la ley.
El texto ha sido duramente criticado por diversas ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censuran los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales independientes.
La normativa prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en "el ciberespacio". De igual forma subraya que solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado, el PCC y las organizaciones de masas, en la órbita del partido.
La Constitución cubana de 2019 señala que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
Los industriales calculan que el país pierde más de 50 millones de dólares diarios con los bloqueos que constantemente se instalan en las carreteras del territorio nacional, y que ellos, como sector empresarial, participan de la afectación con 10 millones de dólares.
GARY A. RODRÍGUEZ
Hace poco más de diez años escribí, desde lo más profundo de mi corazón, una columna titulada “La amenaza verdadera”, basada en el Foro “Claves para una Economía Innovadora, próspera e inclusiva” al que gentilmente fui invitado por Cainco (29/AGO/2013); me referí a la Conferencia “Innovación para el desarrollo – Políticas públicas exitosas para países emergentes” ofrecida por el Dr.
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En algún momento, los habitantes de La Paz cedieron su espacio vital a una larga lista de grupos corporativos, sindicatos, autoridades, policías y militares. Pocas ciudades enfrentan tantos tormentos cotidianos, la mayoría de los cuales son evitables. Hace una semana, los extraños movimientos de vehículos militares y de uniformados en la principal plaza subieron la tensión ciudadana al borde de un ataque de nervios.
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El 10 de octubre de 2022, Bolivia cumplió 40 años desde que en 1982 se restaurase la democracia.
Fueron 18 años de dictadura militar. Desde René Barrientos Ortuño, 1964, hasta Guido Vildoso Calderón, que posibilitó una apertura democrática hacia un gobierno civil, el de Hernán Siles Suazo.
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A fines de mayo, la Policía aprehendió al gerente de la constructora Las Loritas, acusado por estafa múltiple y uso indebido de influencias. La denuncia se extendió a autoridades de la alcaldía paceña porque, además de haberle permitido violar la normativa de construcción en varios edificios, le concedieron, lean esto, el galardón “Prócer Pedro Domingo Murillo”.
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