El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este sábado en Santa Cruz que los delincuentes acusados de violación y trata de personas no pueden estar por encima del Estado, sino que deben someterse a la justicia.
Estas declaraciones fueron una respuesta a la prensa sobre el pedido de algunos seguidores de Evo Morales, quienes sugirieron que, para levantar el bloqueo de caminos, deberían anularse los procesos judiciales contra el expresidente. Morales está siendo investigado por delitos de violación (antes conocido como estupro), trata y tráfico, en un caso ocurrido entre 2014 y 2015 en Yacuiba, Tarija.
El pasado 7 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reasumió el cargo después de haber sido destituida por el fiscal general Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales. Desde entonces, Gutiérrez no se ha pronunciado públicamente, más allá de la información sobre la aprehensión del padre de la menor involucrada.
Del Castillo aclaró que "la Policía Boliviana no ha recibido ninguna orden de aprehensión" y que no podía proporcionar más detalles debido a que el Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare en reserva. Sin embargo, enfatizó que el caso sigue siendo investigado en Tarija.
La autoridad comparó la situación con otros delitos graves, sugiriendo que sería absurdo que personas acusadas de feminicidio o secuestro pudieran exigir impunidad a cambio de levantar bloqueos de caminos.
Indicó que acceder a ese tipo de pedidos implicaría que los delincuentes estarían por encima del Estado de derecho. "Nosotros no consideramos desde ningún punto de vista que nadie puede hacerse la burla de la justicia en nuestro país, fuese quien fuese", precisó.
El ministro también retó al expresidente Morales a someterse a una prueba de ADN para demostrar ante la comunidad nacional e internacional, que no tuvo contacto sexual con la menor de 15 años involucrada en el caso.
Recordó que el propio Morales en 2016 solía decir que "si no tienes nada que ocultar, preséntate ante la justicia".
"Si mañana me acusan de violación o trata de personas, lo primero que haría es someterme a una prueba de ADN para demostrar mi inocencia. ¿Por qué no lo hace Evo Morales?", cuestionó Del Castillo.
En el universo del fútbol, pocas cosas sorprenden más que la pasión de una hinchada. En Bolivia, esa pasión parece impermeable incluso tras la derrota 6-0 ante Argentina, el campeón del mundo, al menos por ahora. Mientras en gran parte del mundo las burlas se multiplican y se habla de un “golpe de realidad” para la Verde, en Bolivia increíblemente el ánimo sigue en alto.
El expresidente peruano Alejandro Toledo ha sido extraditado de EEUU y ha llegado directo a la Cárcel Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en Lima, donde están recluidos los exmandatarios Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Está procesado por corrupción y lavado de dinero en el marco del magaescándalo de sobornos pagados por la famosa constructora brasileña Odebrecht.
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Es abrumador observar cómo la tecnología revoluciona el conocimiento... ¿o el conocimiento a la tecnología?
Hasta hace poco más de dos meses los “comunes” descubríamos el ChatGPT e inmediatamente un sinfín de otros recursos basados en inteligencia artificial.
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CARLOS HUGO MOLINA
La metáfora de plantar un cafetal del tamaño de Bolivia, la interpretó Paul Bruckner Barba: “En Magdalena, es el propio café orgánico Itonama, en San Ignacio de Moxos el chocolate, en Camargo es el singani, en Guarayos el café se convierte en piña y cusi como por arte de magia, y así en todo nuestro territorio, nuestras potencialidades regionales renovables sostenibles.”
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RÓGER CORTEZ HURTADO
Con tono teatralmente alarmado, el ministro de Justicia advierte que “el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puede suprimir la elección de voto popular para los comicios judiciales”. Tanta simulación de quien ha demostrado que puede dar órdenes al TCP disfraza, apenas, una amenaza/invitación a la oposición parlamentaria, anunciándole que, si no apoyan a sus candidatos para la elección judicial, el TCP podría dar un nuevo golpe de Estado, “tumbando” la elección popular de magistrados.
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