El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este sábado en Santa Cruz que los delincuentes acusados de violación y trata de personas no pueden estar por encima del Estado, sino que deben someterse a la justicia.
Estas declaraciones fueron una respuesta a la prensa sobre el pedido de algunos seguidores de Evo Morales, quienes sugirieron que, para levantar el bloqueo de caminos, deberían anularse los procesos judiciales contra el expresidente. Morales está siendo investigado por delitos de violación (antes conocido como estupro), trata y tráfico, en un caso ocurrido entre 2014 y 2015 en Yacuiba, Tarija.
El pasado 7 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reasumió el cargo después de haber sido destituida por el fiscal general Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales. Desde entonces, Gutiérrez no se ha pronunciado públicamente, más allá de la información sobre la aprehensión del padre de la menor involucrada.
Del Castillo aclaró que "la Policía Boliviana no ha recibido ninguna orden de aprehensión" y que no podía proporcionar más detalles debido a que el Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare en reserva. Sin embargo, enfatizó que el caso sigue siendo investigado en Tarija.
La autoridad comparó la situación con otros delitos graves, sugiriendo que sería absurdo que personas acusadas de feminicidio o secuestro pudieran exigir impunidad a cambio de levantar bloqueos de caminos.
Indicó que acceder a ese tipo de pedidos implicaría que los delincuentes estarían por encima del Estado de derecho. "Nosotros no consideramos desde ningún punto de vista que nadie puede hacerse la burla de la justicia en nuestro país, fuese quien fuese", precisó.
El ministro también retó al expresidente Morales a someterse a una prueba de ADN para demostrar ante la comunidad nacional e internacional, que no tuvo contacto sexual con la menor de 15 años involucrada en el caso.
Recordó que el propio Morales en 2016 solía decir que "si no tienes nada que ocultar, preséntate ante la justicia".
"Si mañana me acusan de violación o trata de personas, lo primero que haría es someterme a una prueba de ADN para demostrar mi inocencia. ¿Por qué no lo hace Evo Morales?", cuestionó Del Castillo.
En el universo del fútbol, pocas cosas sorprenden más que la pasión de una hinchada. En Bolivia, esa pasión parece impermeable incluso tras la derrota 6-0 ante Argentina, el campeón del mundo, al menos por ahora. Mientras en gran parte del mundo las burlas se multiplican y se habla de un “golpe de realidad” para la Verde, en Bolivia increíblemente el ánimo sigue en alto.
En Bolivia, las tensiones entre el progreso y la politiquería han llegado a un punto crítico. Mientras un sector del país se esfuerza por impulsar medidas que mitiguen el malestar económico, otro, impulsado por intereses político-partidarios, parece decidido a obstaculizar cualquier avance. Esta dualidad no sólo frena la gestión económica del Estado, sino que también amenaza la estabilidad y el bienestar de las familias bolivianas.
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IGNACIO VERA DE RADA
Era junio de 2017 y hacía unos días había presentado, en el paraninfo de la Universidad Católica Boliviana, mi libro sobre la vida de Guillermo Bedregal Gutiérrez. Un día de aquel otoño recibí una llamada de Gladys Mita, del Grupo Fides, para que fuera a hablar sobre el libro acerca de la vida y obra del controversial político del Movimiento Nacionalista Revolucionario, en el programa de entrevistas del padre Eduardo Pérez Iribarne (el “cura Pérez”, como muchos le decían), El hombre invisible.
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El caos generado por la anulación del último congreso institucional de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y su fallido estatuto muestran nuevamente la cara más funesta de nuestro sistema de educación superior. Sobra decir que no es la primera vez que la UMSS se mete en un nudo giordano: en las últimas décadas nuestra universidad ha transitado de crisis en crisis, sin resolver ninguno de sus problemas de fondo.
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JAVIER VISCARRA VALDIVIA
Reabrir la línea de negociación y acuerdos con la República de Chile, tras casi seis años de inacción después del fallo de La Haya, debería ser una noticia alentadora. Los temas binacionales pendientes son numerosos, y su atención es importante. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y su desmantelada Cancillería dejaron inexplicablemente estos asuntos en la congeladora.
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