El Gobierno, representado por su embajador en la OEA, Héctor Arce, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando que magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vulneraron el marco legal al anular parcialmente las elecciones judiciales en algunos departamentos, lo que, según el Gobierno, pone en riesgo la continuidad de futuros procesos electorales en el país.
En su intervención, Arce afirmó que la Sala Cuarta del TCP dictó la Sentencia Constitucional 0770/2024, que dejó sin efecto la convocatoria a elecciones para cargos judiciales en los departamentos de Beni y Pando para el Tribunal Supremo de Justicia, y en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija para el TCP. Según el Gobierno, esta decisión desconoció el principio de preclusión electoral, lo cual podría afectar futuros procesos electorales, incluyendo las elecciones generales de 2025.
Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a un encuentro multipartidario, en el cual representantes de distintos órganos del Estado, partidos políticos y diplomáticos reafirmaron su respaldo al ente electoral para realizar las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Durante el evento, el vicepresidente David Choquehuanca y otros líderes políticos apoyaron la Ley 1549, que establece las condiciones y plazos para el proceso electoral en curso.
Arce argumentó ante la CIDH que el TCP habría excedido sus facultades al declarar inaplicables ciertas normas mediante una acción de amparo, en contravención con los estándares de control constitucional y los principios de los procesos electorales interamericanos.
