Tomado de Sumando Voces
"Ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no tenemos agua ni para tomar, agua llevamos desde el pueblo, en bicicletas, en autos, nuestra plata nos cuesta para llevar el agua". La voz de Emiliana Apaza, vecina del ayllu San Agust铆n de Pu帽aca, abri贸 la audiencia de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada hoy, sobre la contaminaci贸n minera en las comunidades de la cuenca del lago Poop贸, de Oruro.
Luego de recibir la denuncia de contaminaci贸n, que estuvo sustentada por estudios cient铆ficos, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidi贸 al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminaci贸n minera de la cuenca del Poop贸, pero tambi茅n en los dem谩s proyectos mineros del pa铆s.
Los representantes del Gobierno replicaron que la pol铆tica nacional est谩 contenida en la Constituci贸n y, sobre el caso concreto de Pu帽aca dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Poop贸. Si bien el proyecto ha sido elaborado, los t茅cnicos dijeron que le hicieron varias observaciones que no fueron respondidas por las autoridades municipales.
Los comisionados de la CIDH recordaron que el caso de Pu帽aca no es nuevo, que la comisi贸n lo viene tratando desde hace a帽os, que adem谩s se recibi贸 la denuncia en la visita in loco realizada el a帽o pasado y que la recomendaci贸n para restaurar los territorios est谩 contenida en el informe de esa visita titulado "Cohesi贸n social: el desaf铆o para la consolidaci贸n de la democracia en Bolivia", y tambi茅n en el informe pa铆s.
"La remediaci贸n de fuentes de agua contaminadas es crucial para restaurar la salud y los medios de vida de estas comunidades afectadas desde hace muchos a帽os, y teniendo que cuenta que el acceso al agua es fundamental para el disfrute de otros derechos de las generaciones presentes y futuras, es necesario reparar los territorios contaminados y degradados por las actividades extractivas", expres贸 este lunes el relator especial para los derechos econ贸micos, culturales y ambientales, Javier Palumo.
Palumo, adem谩s, pidi贸 a la representaci贸n del Estado que d茅 a conocer los planes no solo de largo plazo, sino los inmediatos, adem谩s de plazos espec铆ficos para estas comunidades.
Entre tanto, el relator para Bolivia, Jos茅 Luis Caballero, se remiti贸 a la recomendaci贸n 10 del informe pa铆s, en sentido de que "el Estado tiene que dise帽ar e implementar una pol铆tica p煤blica nacional con perspectiva intercultural y educativa para el manejo de sustancias t贸xicas, prevenci贸n y reparaci贸n por contaminaci贸n ambiental".
Record贸 que el p谩rrafo 64 del informe sobre la visita in loco indica que la contaminaci贸n y la industria extractiva tienen afectaciones en el buen vivir, previsto en la Constituci贸n boliviana, mientras que el p谩rrafo 216 se帽ala que "las afectaciones derivadas de da帽os ambientales han impactado dere chos de pueblos ind铆genas, originario campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de contaminaci贸n del agua y la desaparici贸n del lago Poop贸 a causa de la miner铆a en el Ayllu San Agust铆n de Pu帽aca, Subcuenca Poop贸, en Oruro". Caballero exhort贸 al Estado a cumplir esas recomendaciones.
La denuncia
Emiliana Apaza, con voz entrecortada, continu贸 con su relato indicando que los comunarios est谩n abandonados y que no existe soluci贸n a su demanda para que se frene la contaminaci贸n minera. Indic贸 que de los 300 comunarios que eran, ahora s贸lo quedan unos 100 porque la mayor铆a prefiere migrar para buscar mejores d铆as.
Abel Machaca, primera autoridad del ayllu, explic贸 que el agua no es apta para el consumo humano ni de los animales, "pero nuestras autoridades no nos escuchan, nos dicen que para ellos parecer铆a que es normal esa contaminaci贸n, que es normal que mueran nuestros animales, que es normal que estemos enfermos, no podemos vivir as铆".
Machaca pidi贸 ayuda a la CIDH para que cese la contaminaci贸n minera del r铆o Huanuni. "Por lo menos que haya planes, pero que se ejecuten, que se realice la mitigaci贸n, estamos pidiendo la ayuda en forrajes, en agua", expres贸.
El director del Centro de Comunicaci贸n y Desarrollo Andino (CENDA), entidad que asesora al ayllu, dijo que "el Estado no est谩 tomando ninguna acci贸n seria para resolver la contaminaci贸n".
Explic贸 que se present贸 una acci贸n popular que ha denegado la solicitud de los comunarios, pero que el Tribunal Constitucional revoc贸 esa decisi贸n y "ha reconocido que los derechos al agua y a la salud est谩n afectados" por lo que el fallo del TCP exige que se haga un estudio para verificar si el agua es apta para el consumo humano.
Los estudios ratificaron la contaminaci贸n, pero el informe final del Ministerio de Medio Ambiente dice que no se presenta contaminaci贸n por mano del hombre. Este dato fue dado a conocer por V谩squez y luego corroborado por los t茅cnicos del gobierno, quienes presumen que la contaminaci贸n es "natural".
Sin embargo, CENDA encarg贸 un estudio de sangre y or铆n de los pobladores y, seg煤n dijo V谩squez, confirmaron la contaminaci贸n de todos los pobladores con metales pesados como ars茅nico, plomo y cadmio.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno respondi贸 con una comitiva integrada por los viceministros de Medio Ambiente y de Miner铆a, adem谩s de sus respectivos t茅cnicos, desde una 煤nica mesa enfocada en la plataforma virtual con un plano general, de tal manera que no se pudo ver los rostros de ninguno de ellos, a diferencia de los comunarios que fueron vistos en primer plano y hasta pudieron mostrar sus carteles de protesta.
El viceministro de Medio Ambiente y Agua, Franz 脕lvaro Quispe, dijo que el Gobierno dio "estricto cumplimiento a la sentencia constitucional" por lo que, en coordinaci贸n con los pobladores, se hizo el estudio cient铆fico, el que detect贸 contaminaci贸n "natural" y no as铆 causada por "la mano del hombre".
Para sustentar su tesis de que la contaminaci贸n es natural dijo que no existen operaciones mineras en el ayllu y que la m谩s pr贸xima est谩 a seis kil贸metros. Los t茅cnicos de CENDA replicaron que si bien est谩n a esa distancia, es el r铆o el que arrastra los metales pesados hasta las comunidades.
En ese marco, el Viceministro dijo que "se recomend贸 que el Gobierno Municipal de Poop贸, de acuerdo a sus competencias, debe velar por el agua y el saneamiento de su poblaci贸n".
Las r茅plicas
El t茅cnico de CENDA Luis H. Vildozo Guillen rebati贸 la postura del Gobierno indicando que no hizo an谩lisis sobre la salud de los pobladores, pese a que ese era el mandato del Tribunal Constitucional y tampoco se hizo el an谩lisis de los par谩metros que, seg煤n dijo, dan cuenta de que los metales que contaminan las aguas de Pu帽aca son cancer铆genos.
Cuando un comisionado pregunt贸 si hab铆a alg煤n estudio sobre los efectos de la contaminaci贸n sobre las mujeres, Vildozo inform贸 que, de los 20 comunarios que se sometieron al estudio, 11 eran mujeres, de las cuales, siete hab铆an sufrido abortos y algunas de ellas hab铆an enfrentado hasta tres interrupciones de embarazos como producto del ars茅nico encontrado en sus cuerpos.
Ante la insistencia de parte de los comisionados para que el Gobierno exponga sus planes espec铆ficos, los representantes del Ejecutivo indicaron que durante el segundo semestre de este a帽o se aplicar谩 un programa de salud y que el agua potable est谩 en manos del municipio de Poop贸.
