Una jueza de Pensilvania (EE.UU.) ha reducido de 2.250 millones de dólares (unos 2.070 millones de euros) a 400 millones (370 millones de euros) una condena impuesta a la farmacéutica alemana Bayer por el herbicida Roundup.
Según han publicado varios medios alemanes, la jueza Susan Schulman ha aceptado algunas de las objeciones de Bayer y ha reducido el monto a pagar hasta los 50 millones de dólares como daños compensatorios y 350 por los punitivos.
Un tribunal de Pensilvania falló el pasado enero a favor de un antiguo usuario de Roundup, después de que este alegara había desarrollado un cáncer por la exposición prolongada a este herbicida, que contiene glifosato y fue desarrollado por Monsanto -compañía que la germana adquirida en 2018 .
El tribunal condenó entonces a la farmacéutica alemana a pagar una indemnización de 250 millones de dólares y una multa de 2.000 millones por daños punitivos, lo que dio lugar a la mayor compensación hasta el momento por el empleo de este químico.
Tras la reducción de esta indemnización, Bayer se ha mostrado satisfactoria, pero ha confirmado su intención de apelar ante el Tribunal Superior de Pensilvania, ya que alegan que el proceso estuvo marcado "por graves errores que pueden y deben corregirse".
Y se ha mantenido firme, además, en su apoyo al herbicida: "La empresa respalda a Roundup y al abrumador peso de la investigación científica (...). Ninguna autoridad reguladora que haya evaluado de forma independiente el glifosato lo ha considerado cancerígeno" .
La adquisición de Monsanto por 63.000 millones de dólares ha llevado a la farmacéutica alemana a hacer frente a múltiples reclamaciones legales.
En Estados Unidos se han presentado un total de 165.000 demandas contra Monsanto, de las cuales gran parte han sido neutralizadas por Bayer en acuerdos de hasta 9.600 millones de dólares. No obstante, aún le quedan por resolver más de 50.000 reclamaciones.
Las demandas contra Monsanto se desencadenaron en 2015 después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelara que el glifosato, el ingrediente principal en Roundup, podría ser cancerígeno.
En 2023 Bayer perdió 2.941 millones de euros y redujo su facturación un 6,1 % con respecto al año anterior, en parte por los litigios y sus altos niveles de endeudamiento, según se desprende de sus resultados publicados el pasado mayo.
Ante estas cifras, la compañía dijo que durante los próximos tres años se centrará en construir una sólida cartera de productos, abordar litigios, reducir la deuda y realizar despidos sustanciales para ahorrar 2.000 millones de euros anuales a partir de 2026.
Si bien la empresa alemana Reducción de la venta de Roundup para su uso doméstico, el artículo sigue siendo uno de los herbicidas más utilizados en el país.
Un día antes del plazo comprometido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos datos fueron levantados el 23 de marzo de este año y cuyos resultados servirán para aplicar de forma inmediata la nueva distribución de la riqueza entre las regiones del país y la repartición de escaños parlamentarios desde las elecciones de 2025.
Con motivo del censo, se han agudizado los conflictos limítrofes entre varios municipios del país. Si bien los orígenes de estas disputas son diversos y de larga data, los pocos que cuentan con leyes de creación que establezcan claramente sus límites son la excepción a una regla que afecta a la mayoría de los municipios.
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MARCELO GONZALES YAKSIC
Los abogados postulantes a los máximos tribunales de justicia tienen que demostrar que hablan un idioma oficial distinto al castellano cumpliendo con la previsión constitucional, pero detrás de este requisito languidece la política, también constitucional, de fomentar la diversidad cultural y la inclusión de los seres que pertenecen a una veintena de pueblos originarios. Esta política nunca se planificó y menos se implementó en las instancias gubernamentales.
Los abogados postulantes a los máximos tribunales de justicia tienen que demostrar que hablan un idioma oficial distinto al castellano cumpliendo con la previsión constitucional, pero detrás de este requisito languidece la política, también constitucional, de fomentar la diversidad cultural y la inclusión de los seres que pertenecen a una veintena de pueblos originarios. Esta política nunca se planificó y menos se implementó en las instancias gubernamentales.
FRANCESCO ZARATTI
Con Adalberto compartí en Italia la preparación al voluntariado (aprendiendo el idioma español y algo de la historia y problemática de América Latina) y, ya en Bolivia -país que ambos escogimos para realizar nuestro servicio civil por cuenta del gobierno italiano-, convivimos en El Alto, durante dos años.
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HUMBERTO VACAFLOR GANAM
La CIDH lo ha dicho varias veces y hay más de 350 bolivianos que lo padecen: la “justicia” boliviana abusa del recurso de la “detención preventiva”.
Los expertos interamericanos lo dicen ahora cuando acaban de entregar sus nuevas recomendaciones sobre el estado de la justicia en Bolivia, un estado lamentable.
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