El procurador general del Estado, César Siles Bazán, anunció que se tiene una base técnica para negociar la reparación con las víctimas, además cuestionó el accionar de la Fiscalía General del Estado al rechazar las investigaciones de torturas y otros delitos, pero que considera se revertirá en los próximos días.
“Es una irresponsabilidad de la Fiscalía el convocar con bombos y platillos, designar una comisión de fiscales, que dicha comisión iba a realizar investigación del caso y días después emitir una resolución de rechazo, porque no hay suficientes elementos de convicción, no han podido encontrar los elementos probatorios”, cuestionó el Procurador con
A media mañana de radio Fides.
Agregó que de acuerdo con la experiencia que tiene “no sólo como Viceministro de Justicia, sino por la experiencia en el ámbito penal, esta resolución de rechazo será revocada”.
Explicó que los propios instructivos de la Fiscalía General establecen que “mínimamente se pueda citar a los posibles responsables; no se puede decir alegremente ‘no se ha podido encontrar a nadie, no se ha podido investigar’”, cuestionó.
Refirió que la reapertura del caso la pidió el Defensor del Pueblo y que ahora con seguridad se va a dar la figura de objeción y posteriormente la revocatoria para que siga esta investigación.
El procurador Siles Bazán dijo que la ampliación del plazo que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque “hemos cumplido razonablemente las recomendaciones”.
“Ahora tenemos un retroceso, por ahí tenemos que informar a la CIDH el 26 de julio, esperemos que no, que el caso ha sido rechazado y que no tenemos una investigación abierta”, dijo el Procurador.
Resarcimiento
Según información proporcionada, a tiempo de definir la ampliación del plazo, se entregó una base técnica para que el Estado negocie el resarcimiento económico a los afectados por el operativo policial al hotel Las Américas en abril de 2009.
El documento establece sumas inferiores a las pretendidas por algunas de las víctimas, como la de la familia de Michael Dwyer, que pretende cobrar 3 millones de euros.
Se estima que el pago a todas las víctimas alcanzaría a 2 millones de dólares, por muerte se estima alrededor de 400 mil dólares.
“El fundamento de estos acercamientos o debate va a ser la nota técnica que se ha emitido. (...) Ahora no podemos hablar de las pretensiones iniciales; (...) ahora son montos razonables que podemos hablar basados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, indicó Siles.
La Corte IDH puede sancionar
El especialista en Derechos Humanos Franco Albarracín sostiene que la Fiscalía General del Estado no tiene la intención de investigar lo acontecido en el hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra la madrugada del 16 de abril de 2009. “Juan Lanchipa se niega a investigar seriamente el caso Hotel Las Américas. Lo más probable es que en unos años la Corte IDH sancione al Estado boliviano. En ese caso, cuando salga la sentencia, Lanchipa deberá ser procesado por el inmenso daño económico generado al Estado”, refirió Albarracín.
