La majestad de la Constitución Política del Estado (CPE) —la ley de leyes que debiera estar por encima de cualquier otra norma y enmarcar toda decisión de los tribunales de justicia— es flexible como plastilina en manos de los magistrados.
Ése es el desolador panorama que confirma la suspensión selectiva, quién sabe por cuánto tiempo, del mandato constitucional, inscrito en el parágrafo 18 del artículo 158 de la carta magna que faculta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a “interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente”.
Esa suspensión impuesta por una de las salas constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de una acción de amparo constitucional interpuesta por el ministro de Economía y Finanzas Públicas se aplica a otros siete colegas suyos del Gabinete que, como el accionante, “se hallaren en similar situación de riesgos irremediables a sus derechos fundamentales”, dice el amparo presentado al tribunal.
El “riesgo” en cuestión sería que la ALP puede, de acuerdo al texto constitucional mencionado, “acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. (...) La censura implicará la destitución de la ministra o ministro”.
Entre los argumentos para esa decisión está que, en caso de producirse la censura —y consecuente destitución— ésta atentaría contra su derecho al trabajo.
“Es una barbaridad y una sinvergüenzura sin límites que no causa efecto jurídico alguno”, se indigna un abogado columnista de Los Tiempos, en su artículo quincenal que publicamos en esta misma edición.
Indignante, sí, y también relativamente inútil pues en los 14 años de vigencia de la actual Constitución, sólo cuatro ministros fueron censurados por la ALP, tres de ellos durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez que gobernaba el país con un Parlamento de mayoría masista. El cuarto fue el actual de Gobierno, a fines de junio, cuando la pugna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya había dejado al Gobierno sin mayoría segura en el Parlamento.
Los cuatro ministros censurados quedaron cesantes por un tiempo breve, pues todos fueron designados nuevamente en los mismos cargos que desempeñaban antes.
La interpelación legislativa a los ministros jamás ha cumplido plenamente su objetivo fiscalizador, la última censura evidenció aún más las crecientes dificultades que tiene el Ejecutivo para gobernar como efecto de los conflictos internos en el MAS entre renovadores y radicales.
La cuestionada decisión judicial podría hacer pensar en un intercambio de favores entre el Gobierno y el Órgano Judicial, lo que —a esta altura del deterioro de nuestra democracia— ya no sorprende.
