Dos meses de movilizaciones, varios intentos de negociación sin resultados y una determinación que lleva a sus dirigentes a declararse en huelga de hambre han convertido al descontento de los maestros urbanos en un frente de conflicto creciente que el Gobierno parece tratar con la misma atención, secundaria e interesada, con la que cumple las obligaciones que impone la Constitución al Estado respecto de la educación.
Esa “función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado (administrado hoy por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo) que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, como enuncia la Carta Magna, está descuidada y cuestionada —en parte por ser un útil de adoctrinamiento— y sus principales protagonistas: los maestros, burlados y tratados con desdén.
Es la primera vez, desde hace un par de décadas, que el magisterio se moviliza de una manera tan masiva y duradera reclamando por sus reivindicaciones sectoriales. Reivindicaciones comprensibles si se considera, por ejemplo, que el Estado les debe el pago por 70 mil horas trabajadas y el Gobierno ofrece pagarles 8 mil.
Y esa “primera responsabilidad financiera” que la Constitución impone al Estado se ve aún más incumplida si se considera la insuficiencia de recursos para pagar a todos los maestros necesarios. “Hacen falta más de 7 mil ítems y nosotros le estamos pidiendo 500 a mil ítems, pero no hay nada, no nos dicen nada”, reclama un dirigente del sector.
El descontento que motiva las protestas de los maestros está lejos de aplacarse con las contramarchas de grupos afines al MAS que, como evidencian videos difundidos por redes sociales, se movilizan a cambio de alguna recompensa o por temor a alguna penalidad.
El tiempo que llevan las movilizaciones y la participación de maestros de todo el país —ayer protestaron en La Paz delegaciones de cinco departamentos— evidencian que la organización sindical del magisterio, muy probablemente por la legitimidad de su dirigencia y sus reivindicaciones, es uno de los pocos sectores sindicalizados que resiste a la infiltración del oficialismo, y a sus posibles intentos de dividirla.
Ellos tienen cinco principales demandas, de un pliego de 200 puntos: mayor presupuesto para la educación, actualización de la malla curricular, creación de nuevos ítems, resolver el déficit histórico y realizar el congreso plurinacional de la educación.
Dos meses de incapacidad gubernamental para llegar a un acuerdo que ponga fin a las protestas evidencian que el Gobierno descuida la atención a una movilización que podría ampliarse, con el ya manifiesto descontento del magisterio rural, y extenderse a otros sectores con sus propios reclamos.
