“Estamos totalmente bloqueados, ya no sabemos dónde más acudir, ninguna autoridad nos ayuda, estamos desesperados”, decía hace unos días un productor agropecuario de Capinota, víctima de los usurpadores de tierras, igual que decenas de otros habitantes de áreas con vocación agrícola y pecuaria.
Los avasalladores han reactivado sus afanes delictivos que, en varios lugares incluyen el cierre de canales de riego, lo que implica consecuencias para la economía de los directos afectados y de la región.
Sin agua para sus cultivos de forraje, los productores pecuarios, lecheros en su mayor parte, deben comprar el alimento para sus animales.
En Capinota, los dueños de las granjas afectadas por los avasallamientos denunciaban que un grupo de personas impide, desde el lunes último, la salida de centenares de litros de leches y el ingreso de forraje para el ganado.
Algo similar ocurre en La Angostura, provincia Arbieto, colindante con Cochabamba, donde un grupo de loteadores cerró un canal de riego para abrir caminos y marcar lotes. Esa acción ilegal perjudica a productores de leche.
Y los agricultores, también afectados por el cierre de acequias, deben, en algunos sitios, recurrir a las aguas servidas para regar sus plantaciones, con el consiguiente peligro sanitario.
La acción de los avasalladores que invaden tierras privadas, fiscales y comunitarias para lotearlas y vender esos terrenos —todo ello de manera ilegal— se extiende de manera constante, al contrario de las intervenciones de las autoridades correspondientes.
En las últimas semanas, las acciones ilegales de invasión de tierras se reactivaron en cinco municipios de Cochabamba: Cercado, Sacaba, Arbieto, Capinota y Tiquipaya.
Son acciones planificadas y ejecutadas por grupos bien organizados y que no dudan en intimidar a los dueños legítimos de los terrenos que deciden usurpar. En varios casos, esos delincuentes recurren a la violencia.
Es difícil concebir que esos avasallamientos, sistemáticos y crecientes, no se perpetren con la complicidad, o al menos la negligencia, de autoridades municipales, incluidos concejales, e incluso funcionarios de otras instancias estatales.
El efecto de esa dinámica delincuencial es la descontrolada y caótica expansión de la mancha urbana que crece de acuerdo con los avasallamientos, loteamientos y construcciones ilegales.
Las consecuencias de ello son urbanas, por una parte, pues los asentamientos surgen y crecen sin servicios básicos. Por otra parte, repercuten en la precarización de las condiciones sociales y económicas de un número significativo de familias de productores agropecuarios que se ven privados de ejercer la actividad que los sustenta.
