Las denuncias de estafas cibernéticas a través de las redes sociales son cada vez más frecuentes, pero muchas de ellas no llegan a formalizarse en las oficinas policiales debido a la burocracia, la falta de conocimiento o porque los afectados creen que no tendría sentido hacerlo, entre otras razones. Lo cierto es que las personas dedicadas a este delito se han estructurado de tal manera que se habla de organizaciones criminales conformadas por cientos de personas, como se observó ayer durante el operativo llevado a cabo por la Policía en Santa Cruz.
De las 117 personas presentes ayer en el lugar, nueve fueron aprehendidas para ser investigadas por delitos como estafa, enriquecimiento ilícito y otros delitos que serán tipificados por la Fiscalía. Estas personas tenían roles específicos, como captar víctimas, otorgar créditos mediante aplicaciones, clonar cuentas de empresas y personas, e incluso enviar mensajes amenazantes para hacer cobros.
Según el informe policial, las “mentes maestras” son individuos de nacionalidad colombiana, china y peruana. El edificio estaba equipado con la tecnología para llevar a cabo sus actividades de manera efectiva y cómoda.
El viceministro del Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó que quienes que “no cumplían con sus obligaciones eran amenazadas y extorsionadas diariamente mediante llamadas y divulgación de sus datos personales, generando una extorsión y un impacto emocional en las víctimas”.
Hace dos semanas, la Policía desarticuló otra organización, de la cual aún se desconoce si guarda relación con la mencionada anteriormente. Esta agrupación estaba compuesta por reclusos de la sección PC4 de Palmasola, quienes estafaron al menos a 400 personas.
La mafia creció hasta ofrecer capacitación a su personal para ejecutar estafas a través de redes sociales y aplicaciones, mediante las cuales los delincuentes podían acceder a datos de las víctimas con sólo un clic. En el operativo policial se incautaron cuatro computadoras, 10 celulares y muchos chips, además de dos armas de fuego.
Las autoridades informaron que los inhibidores de señal de los celulares tenían defectos y necesitaban ser recalibrados. “Algunos de los inhibidores instalados en gestiones anteriores están en funcionamiento, pero requerirán ser reubicados debido a una vulnerabilidad detectada”, afirmó en su momento el director departamental de Régimen Penitenciario en Santa Cruz, Mauricio Romero.
La realidad en Bolivia es que, tanto dentro como fuera de las cárceles, las organizaciones criminales poseen conocimientos tecnológicos y equipamiento que superan a los de la Policía Boliviana. Por tanto, resulta crucial capacitar a los agentes designados a la unidad de cibercrimen de la institución para hacer frente a este delito.
