El Ministerio de Justicia ha solicitado que se investigue a la juez Lilian Moreno por su fallo que anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en el marco de una denuncia por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. La orden había sido emitida por la Fiscalía de Tarija tras una investigación que señala que Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años en 2015, de la cual nació una niña un año después.
El ministro de Justicia, César Siles, informó que su cartera ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la revocatoria de la decisión judicial que dejó sin efecto la orden de aprehensión y trasladó el caso de Tarija a Villa Tunari, Cochabamba, donde reside Morales. Asimismo, el Ministerio se ha adherido a la denuncia a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), para asegurar que se continúe con la investigación.
La investigación del Ministerio Público establece que los padres de la menor habrían recibido beneficios, como cargos y viajes, presuntamente vinculados al entorno de Morales. A pesar de esto, una acción de libertad presentada por los abogados del expresidente en Santa Cruz logró que la juez Moreno anulara la orden de aprehensión.
La Fiscalía General del Estado ha formado una comisión de fiscales para continuar con las indagaciones. El fiscal general, Juan Lanchipa, negó que haya dado instrucciones para frenar la investigación, en respuesta a las declaraciones de la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien aseguró haber sido destituida por su labor en este caso.
El Ministerio de Justicia también convocó al Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas para abordar este caso, dada la naturaleza de los delitos investigados. Morales no ha hecho declaraciones específicas sobre el proceso, limitándose a comentar en redes sociales que la situación "no le extraña ni preocupa".
