En nuestro país tenemos una amplia noción de lo que significa la palabra linchar, desde que esta práctica se extendió a partir de las comunidades rurales, entendemos el significado del linchamiento o que alguien sea linchado. Con el desarrollo de las redes sociales, este ajusticiamiento también a las plataformas virtuales y aunque ahí ya no se ejecuta de la misma forma se puede provocar grandes daños. En ocasiones sólo basta una fotografía o un video viral para generar ataques, insultos y acoso en contra de una persona o familia.
Habría que considerar que este asunto tiene dos caras opuestas, lo mismo que una moneda. En vista de que en temas de violencia de género, accidentes de tránsito, robos y maltrato animal, la viralización de imágenes o video de los hechos fue fundamental para que las autoridades correspondientes activaran —por fin— su competencia y se investigara al respecto. A pesar de que el debate sobre lo que debe o no debería ser parte de las redes sociales es muy amplio y casi interminable, lo cierto es que la presión social ha sido primordial para el inicio de varios procesos jurisdiccionales.
Sin embargo, ese linchamiento nos acostumbra un poco más a vivir bajo la creencia de que ejercer ampliamente (o insípidamente) la libertad de expresión no tiene que relacionarse de alguna manera con la transgresión de derechos y garantías que pasan inadvertidos, o incluso dejan de importar, al momento de linchar a una persona. Se trata del derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, que son vulnerados por los linchamientos en las redes sociales, pues cuando estos se hacen virales, la seguidilla de insultos y juicios de valor difícilmente se detiene.
Un gran número de personas, con o sin conocimiento del caso, empiezan a disparar opiniones sin piedad, bajo la protección del anonimato y bajo la seguridad de que ninguna agresión física llegará directamente a ellos gracias al resguardo que proporciona una pantalla de computadora o de celular.
Por otro lado, habría que considerar que recurrir a un acto extremo, como es este tipo de linchamiento, es una expresión de la desconfianza hacia las autoridades directamente correspondientes que tienen la responsabilidad de brindar seguridad y protección a la ciudadanía. Esa desconfianza corresponde a actitudes como la negación, por parte de algunos servidores públicos, al momento de recibir denuncias en dependencias policiales.
Asimismo, la retardación de justicia y la sobrecarga laboral de autoridades jurisdiccionales son algunas de las aristas del gran problema a nivel judicial y de instituciones dependientes que han provocado que parte de la ciudadanía exprese el hartazgo de sentirse desprotegida, de convertirse en un mero espectador de la ilicitud y sentirse impotente ante la delincuencia.
Probablemente esas sean las causas para que, casi a diario, cantidad de personas de todos los estratos y desde diferentes lugares del país utilicen las redes sociales para denunciar, para linchar a personas que consideran como delincuentes. Luego de la ejecución, tal vez haya tiempo de comprobar o si quiera pensar en el grado de culpabilidad de cada individuo.
Lo cierto es que día a día nos posicionamos frente a la decisión de unirnos al linchamiento del momento, sea de conocidos o de extraños, o esperar que sea nuestro turno de que nos hagan comparecer ante el tribunal digital para ser juzgados por cientos de jueces sin jurisdicción, menos competencia. De cualquier forma, queda claro que, dentro del mundo de las redes sociales, cada vez es más frecuente la lapidación como una nueva forma de denuncia para algunos o como entretenimiento digital para otros.
