El contrabando de importación ha tomado carta de ciudadanía en Bolivia, es triste decirlo, pero todo indica que es así, dadas las astronómicas cifras estimadas. Un estudio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentado en 2016 daba cuenta, por aquel entonces, que el contrabando ascendía a 2.230 millones de dólares anuales, sin embargo, hoy se habla de un monto sustancialmente mayor. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) afirmó en un reciente seminario internacional, que la internación ilegal de productos al país subió a la friolera de 3.331 millones de dólares (Sin control; el contrabando crece el doble que la economía nacional, El Deber, 16.06.2023).
Las continuas devaluaciones y depreciaciones en países limítrofes; el bajo costo del dólar en Bolivia, producto del tipo de cambio fijo desde 2011; mercados saturados y la falta de una mayor asertividad en la lucha anticontrabando, habían llevado a algunas instituciones privadas a sostener que el volumen de dicha actividad iba en constante aumento en los últimos años, preocupación constatable en el día a día, por el hecho de estar atestados de mercancías de contrabando, de toda índole, desde los afamados “autos chutos” hasta productos electrónicos de línea blanca y línea negra; desde confecciones textiles hasta calzados; ni qué decir de las bebidas, cigarrillos, manufacturas de madera, medicamentos, alimentos y hasta voluminosas cargas de granos, pasando todo ello a constituir una feroz e ilegal competencia contra la producción agropecuaria y la industria nacionales, así como a las empresas que están en la importación y el comercio legalmente establecidos.
Hay quienes sostienen que el contrabando tiene que ver con la pobreza y la falta de empleo, sin embargo, tal razón no puede ser aceptada para justificarlo o ser permisivo, por ejemplo, para el caso de la comercialización de ropa extranjera usada, cuya importación y venta está prohibida por dos decretos, al tratarse de una actividad al margen de la norma, por tanto, no debería estar permitida. Los confeccionistas no pueden entender cómo se permite su libre expendio, cuando se sabe de la prohibición, de ahí que nadie debería reclamar si se la decomisara, al ser mercadería contrabandeada que quita mercado a la industria y a los talleres de confección, y resta empleos a los bolivianos. Al ser una ropa contrabandeada, tal vez rescatada de enfermos en el país de origen, sin certificación sanitaria, ignorante de ello, la gente apuesta por el bajo precio y vestir fashion.
El contrabando evade el pago de tributos de importación que vendrían muy bien a las arcas del Estado —más de 900 millones de dólares/año, según la CNI— mientras que quienes producen, importan y comercian legalmente, deben pagar los impuestos de ley.
Pero el contrabando afecta también a la sociedad en su conjunto, como parte de un sistema que tiene ver con el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción, por tanto, es un peligro para la seguridad del Estado. Pasando esto por alto, cuántos son seducidos por el contrabando que oferta productos baratos sin saber que a la larga lo barato cuesta caro, por ejemplo, la destrucción del empleo formal y la corrupción concomitante que corrompe a la sociedad.
Muchos sostienen que el contrabando es una actividad ilegal altamente organizada, lo han denunciado así los productores del agro, al resultar imposible de explicar cómo es que decenas de miles y miles de toneladas de bienes agrícolas ingresan al país o el hecho de que el contrabando hormiga, ante la desnaturalización del tráfico vecinal fronterizo, continúe día tras día, pese a haber registrado la prensa su acopio en almacenes cercanos a las fronteras, para su posterior despacho en grandes volúmenes con miras a su venta en el mercado interno.
Mejorar el accionar de las FFAA y de la Policía Boliviana en el resguardo de las fronteras, como dice la Ley 1053, y apoyar con el Ministerio Público las acciones de la Aduana Nacional en lo que hace a la vigilancia de caminos y operativos anticontrabando, con la concurrencia de otras entidades estatales en el área secundaria (Senasag, Agemed, Iniaf, ABT, alcaldías, SIN, entre otros) y crear empleos de emergencia en áreas fronterizas, son parte de la solución al problema.
Desde hace muchos años el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha sugerido tres medidas para enfrentar con mayores posibilidades de éxito el flagelo del contrabando, a saber: 1) subir la sensación de riesgo a través de una mayor interdicción y el endurecimiento de la tipificación del contrabando como delito, antes que contrabando contravencional; 2) incentivar y facilitar la importación legal y formal, para lo cual hay que reducir los tiempos y costos del despacho aduanero; 3) realizar una campaña de concienciación ciudadana de forma sostenida para que la sociedad civil entienda el problema y se involucre en la solución.
Para lograrlo, qué duda cabe, la voluntad política será, definitivamente, indispensable.
El autor es economista, magíster en comercio internacional y gerente del IBCE
