En el discurso, la narrativa y, en especial en la propaganda política del Gobierno de Luis Arce, se dice que es el Gobierno de la industrialización, bajo el concepto cepalino de desarrollo hacia adentro, dirigido por el Estado, más divulgado como industrialización por sustitución de importaciones, aunque no se conocen los planes o estrategias de industrialización, ni la definición de objetivos y metas de mediano y largo plazo que permitan su medición y monitoreo.
Tampoco se conocen los bienes importados que se han sustituido con producción nacional. La incidencia del sector manufacturero en el producto interno bruto (PIB) del año 2022 apenas fue de un 16, 28%, la construcción de algunas plantas no supone ningún proceso profundo de industrialización, por lo cual los fundamentos de las afirmaciones señaladas son endebles.
La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar, en forma masiva, materias primas en productos con valor agregado. Hay una estrecha relación entre el desarrollo industrial y el desarrollo económico. El nivel de desarrollo industrial o sector secundario de la economía divide a los países en dos: los países industrializados, ricos y del primer mundo y los países no industrializados, atrasados, pobres y del tercer mundo, del cual forma parte Bolivia.
Un proceso veraz y serio de industrialización manufacturera transforma una estructura económica atrasada y extractivista en una moderna y diversificada, aporta al progreso técnico, genera empleo y es el sector en el que mejor se desarrolla la investigación e innovación tecnológica, elemento central para el desarrollo, situación de la que está muy lejos Bolivia.
Es valorable que el Gobierno ponga interés en el tema y lo visibilice, lo que debería promover amplios, participativos, análisis y debates sobre el proceso de industrialización y desarrollo para el país; exigir el cumplimiento de normas legales vigentes sobre el tema como la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, Eje 2 y sus metas del Plan De Desarrollo Social y Económico (PDES) 2021 - 2025 aprobado por Ley 1407 de 9/11/2021, denominado “Reconstruyendo la Economía para el vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.
Es conveniente recordar que los lineamientos metodológicos para la formulación del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) que implementa el PDES en los numerales 5.2, 5.7 (proceso de coordinación y articulación), señala que los gobiernos municipales, departamentales y el ministerio cabeza de sector, con base en diagnósticos de cada nivel y en mesas técnicas, formulen la matriz de planificación de Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI)-PTDI y prioricen acciones o proyectos, hecho que no se realizó en la práctica.
Por una parte, debido a que las autoridades electas municipales y departamentales estaban recién posesionadas y con equipos técnicos recién designados cuando se promulgó la señalada ley. Por otra parte, porque el plazo burocrático estrecho de vencimiento (mayo 2022) para su presentación al Ministerio de Planificación no dio tiempo para concretar el complejo proceso. En el mejor de los casos se realizaron reuniones parciales solamente para cumplir con la formalidad, por tanto, es posible superar las deficiencias señaladas y encauzar una gestión pública coherente y articulada de planificación, herramienta insustituible para asignar los recursos públicos escasos en las mejores alternativas de inversión, y para ajustar y mejorar los PSDI y los PTDI 2021-2025 de forma intergubernativa con participación de los sectores académico y privado.
Esto podría traer como resultado una estrategia mixta de industrialización y diversificación productiva por sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones articulando por cadenas productivas urbano-rural. Asimismo, priorizar los recursos para programas y proyectos en tal sentido.
Con ese fin ello, el órgano rector de planificación, según el Art. 7.1 de la Ley Nº 777, deberá contar con un mecanismo de consulta y coordinación permanente que le permita la articulación intergubernativa, tanto en la fase de formulación como en la de ejecución, tomando en cuenta que el próximo año se cumple el plazo para la evaluación de medio término de los planes de mediano plazo, lo que permitirá contar con los elementos para su ajuste y mejora, así como afrontar los desafíos de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que no es un fin en sí mismo sino un medio para planificar el crecimiento y el desarrollo.
El autor es economista y miembro de la plataforma UNO. Los Tiempos y la plataforma UNO promueven el debate, pero no comparten necesariamente los puntos de vista del autor.