Grave, gravísimo lo que se está viendo y viviendo en Santa Cruz, el bastión económico de Bolivia, la región productora de alimentos por excelencia y el mayor departamento agroexportador del país. Pareciera que la locomotora del desarrollo boliviano se encuentra bajo ataque, es triste admitirlo, pero, lamentablemente, la constatación empírica y objetiva, y la reiteración de los hechos parecen indicar que es así…
Si no se pone coto a los avasallamientos de predios productivos que tienen su foco en la región más dinámica del país, la situación podría pasar, más temprano que tarde, de castaño a oscuro. Cualquiera sea la motivación de tan abominables hechos —tráfico de tierras, como dicen unos; colonización inducida, como afirman otros y, hasta el narcotráfico— urge tomar medidas al respecto.
No es normal y nunca más debería ser permitido un pronunciamiento público y escrito, como el de la Federación de Comunidades Interculturales San Julián Norte, cuya resolución 11/2023 leyó el dirigente Tito Flores Condori, dando un plazo de 48 horas a los empresarios —bajo amenaza de muerte— para retirarse con su maquinaria del lugar, además de la lastimera arenga de que el pobrecito campesino “siempre ha conseguido, cada centímetro de su tierra, con lucha, sangre y muerte”, en un acto donde estaba Hebert Sixto Canaza, cabecilla del secuestro de periodistas y policías en Las Londras el 28 de octubre de 2021, un tema irresuelto, por cierto (Interculturales “condenan a muerte” a empresarios, la Fiscalía anuncia pesquisas y ven ausencia del Estado, El Deber, 7.12.2023).
Días antes, otro dirigente, Nicolás Ramírez Taboada, de la Federación Intercultural San Julián de la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-Las Londras, había lanzado una amenaza parecida: “Ahora sí vamos a agarrar armas y nos vamos a hacer respetar”, según la Radio Comunitaria San Julián.
Frente a amenazas y más amenazas, una actitud ajena al modelo de desarrollo cruceño que tanto bien le ha hecho, hace y hará aún al país, preocupado por la situación, decidí consultar a un experto jurídico para conocer su opinión sobre estos hechos que no solo causan zozobra en el sector agroproductivo, sino, que, si se desbordan en ausencia del Estado pueden traer dolor a la familia boliviana y afectar su desarrollo.
Joadel Bravo Bezerra, abogado con maestría en materia penal y constitucional, exfiscal de materia, además, en relación con la posible tipificación de delitos, enumeró la grave amenaza de agresión armada en contra de la vida e integridad física de las personas, la flagrante discriminación por quienes se autoidentifican como miembros de la Federación Intercultural San Julián, perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-Las Londras, además, que, según el viceministro de Régimen Interior, los interculturales, estando fuertemente armados destruyeron tres puentes impidiendo el ingreso de ambulancias y vehículos de la Policía que debía aprehender a los autores de lesiones a 12 personas y la muerte de un joven en enfrentamientos por tierras.
“Se evidencia una embestida contra varios derechos fundamentales de los ciudadanos asentados en la zona: a la vida, a la integridad física, a la dignidad (un valor constitucional en el que descansan los derechos fundamentales de los bolivianos) y a la propiedad, consagrados y protegidos por la Constitución Política del Estado, en su Art. 15 que establece: 1) “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes (…)”; 2) “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social; y el Art. 56, inciso II, “Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”, explicó el jurista. ¿Qué hacer?, pregunté.
“Evidenciado el execrable hecho de las agresiones a los señalados derechos fundamentales y del análisis de los Arts. 9 y 12 de la Carta Magna, se constata que los fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la CPE y la ley, es el de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección y la dignidad de las personas; así como, el oficio de control, de defensa de la sociedad y del Estado. De ahí que, al efecto, dispone de la fuerza pública (Policía y Ejército) y, ante la gravedad del caso, corroborándose palmariamente una conmoción interna, con la finalidad de evitar derramamiento de sangre, por imperio del Art. 137 de la Constitución, el Ejecutivo tiene la potestad de declarar “estado de excepción” en la zona, para que las autoridades puedan ingresar y pacificar el lugar, precautelando los señalados derechos fundamentales a la vida, integridad física, dignidad y propiedad”, dijo.
“Es incomprensible que por tirar cohetes haya gente presa, pero quienes portan armas de forma ilegal, secuestran y amenazan a personas, no lo estén”, lamentó.
El autor es economista, magíster en comercio internacional y gerente del IBCE
