Ha costado muchas décadas entender las demandas de la ciudadanía y del mundo litigante para acceder a tribunales de calidad, hasta que en la Constitución Política de 2009 se declaró que el Estado garantiza el derecho a una “justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, previendo la existencia de jurisdicciones especializadas (arts. 115.II, 179.I y 193.I, CPE). También ha costado mucho tiempo y dinero capacitar jueces y especializarlos; pese a los resultados inciertos y cuestionables, se construyeron algunos faros en la oscuridad del litigio y laberintos legales.
La especialización de un juez ofrece seguridad y eficiencia, mientras que la “generalización” puede dejar a los ciudadanos en la incertidumbre que se desvanece en la uniformidad. En días pasados el TSJ ha modificado de un plumazo las competencias de los juzgados de instrucción en lo penal, asignándoles atribuciones especializadas en materia de corrupción y violencia; así como a los juzgados técnicos en estas materias se les ha cargado con competencias sobre delitos comunes. Creo firmemente que se cometió un error y la administración de justicia perdió mucho en precisión y funcionalidad. No es más que un retroceso al siglo pasado para reinstalar la “justicia generalizada”.
La decisión del máximo tribunal se sustenta en la supuesta necesidad de equilibrar la carga procesal y otorgar mayores oportunidades a la ciudadanía para acceder con prontitud a unos servicios judiciales que, paradójicamente, se ahogan en un mar de trámites y corrupción. Todos saben que la sumisión del órgano judicial al poder central es transversal, así como se conoce que los procesos contenciosos en la actualidad condenan a los inocentes litigantes a una agonía interminable. A lo largo de este tiempo, los juzgados especializados han dado muestras de lo que debe entenderse por justicia pronta y oportuna, contrariando la realidad cruda de la retardación en los juzgados comunes que ha destrozado la confianza en el sistema.
Desde que el masismo sometió al órgano judicial las soluciones para la retardación han resultado siendo nada más que recetas vencidas. Los políticos azules prometen alivio, pero multiplican la incertidumbre con más burocracia estatal. ¿Acaso la reasignación de competencias va a agilizar los procesos que ya están estancados? La verdad es que los operadores del socialismo del siglo XXI siempre recurrirán a la intervención estatal para perpetuar el problema en lugar de solucionarlo, y aquí juegan su papel los magistrados “autoprorrogados” que responden al masismo. Ya no quedan razones para confiar en un cambio de la justicia para bien, porque las pruebas sobran para demostrar el menosprecio por la especialización profesional de los jueces.
Nadie en este país está en condiciones para poner las manos al fuego por los magistrados bolivianos, pero pueden quedar a salvo aquellos que se han especializado profesionalmente. Esos operadores de justicia que están familiarizados con la jurisprudencia y legislación específica de su área. Entonces, profundizar la especialización en el órgano judicial puede provocar que los jueces tomen decisiones de manera más rápida y eficiente, y obviamente ayudando a disminuir la acumulación de casos pendientes y reduciendo la duración total de los litigios. Cuando los litigantes perciban que sus casos están siendo manejados por jueces con un conocimiento especializado y profundo en la materia, inmediatamente incrementarán su confianza en el sistema judicial. Una mayor credulidad pública contribuirá a la legitimidad y el respeto hacia las instituciones judiciales, muy deterioradas hasta ahora.
Es vital que la ciudadanía haga saber a las autoridades judiciales que no se mejora la administración de la justicia incrementando la burocracia y el eterno papeleo; y tampoco se debe consentir que el sistema judicial se estanque en la ineficiencia so pretexto de reasignar competencias, “permitir el acceso a la justicia” o equilibrar la carga procesal. No sólo hay que exigir cambios que promuevan la transparencia, la imparcialidad y la igualdad ante la ley, sino también hay que presionar para que se implementen reformas que aseguren un equilibrio entre la especialización y la flexibilidad, para adaptarse a las exigencias de una sociedad hastiada de las iniquidades de los juzgadores.
El autor es abogado
