Ni siquiera se ha propuesto alguna solución para la grave crisis económica, pero el Gobierno sí está en la tarea de recaudar a la fuerza los impuestos vigentes y los que se encuentran en mora sólo para cubrir las deudas en salarios que tiene con sus “fieles” servidores públicos. El gasto astronómico mensual tiene como única fuente el bolsillo del grupo económico de los empresarios y prestadores de servicios que pertenecen al sector formal, ya de por sí muy presionado de una manera irracional. Esto confirma los desequilibrios fiscales que conocemos y que están provocando altos índices de omisiones de pago y defraudaciones.
El gobierno central ha emitido el Decreto Supremo Nº 5145 que dispone la reducción del beneficio de las cuotas en las facilidades de pago de deudas en mora. Hasta la semana pasada una deuda podía pagarse en 60 cuotas (5 años), pero a partir de este próximo lunes el plazo se reducirá a la mitad, es decir a 30 cuotas mensuales (2 años y medio). La administración tributaria ha recibido la orden de cobrar lo más rápido posible, atorando a los contribuyentes, endureciendo las normas administrativas para acceder al pago oportuno de las deudas tributarias, acelerando las ejecuciones y colocando un sinfín de trabas al contribuyente boliviano, que le están impidiendo respirar con algo de alivio. ¡Qué injusticia!
Es que el Jefe de Estado ha disimulado su silencio sobre sus pésimas conductas administrativas, ni siquiera ha mandado una señal de austeridad para reducir los gastos del aparato burocrático que succiona, sin ningún beneficio, enormes cantidades de dinero cada mes en sueldos y salarios de todo el andamiaje de parásitos que pululan en instituciones estatales, sin beneficio colectivo. No es novedad que existen “mensajeros” de instancias gubernamentales que están ganando algo más de Bs. 10.000 mensuales y sólo basta imaginarse cuánto gana el “jefe”. Tampoco se ha notado un sinceramiento desde otros estamentos, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la Policía y el magisterio para proponer sacrificios en la solución colectiva de esta debacle económica, que ya tiene demasiados meses sin solución.
Es que el gobierno central está secuestrado en varios corrales, en algunos casos muy aliados con la delincuencia organizada, como es el caso de los mineros cooperativistas y todos los operadores de los regímenes especiales tributarios (agropecuarios, transportistas y comerciantes minoristas), que no aportan un solo peso a las arcas estatales, y si lo hacen es tan insignificante como un grano de arena en la playa. Son los mismos beneficiarios que viven en una especie de paraísos fiscales en el que reciben favores sin obligación de aportar o devolver de manera tangible, pese a que están expoliando los recursos naturales del país sin ningún control estatal. De pronto, ahí está el dinero que tanto necesita el Estado.
El gran peligro se encuentra enquistado en la presión fiscal contra los pocos contribuyentes activos que quedan. Ellos pueden resentirse y decidir por la disminución de sus actividades económicas. Esta sí que sería una señal apocalíptica del agotamiento de la única fuente real de ingresos que tiene el Estado. Pese a las injusticias sociales, éste es un escenario en el que no todos contribuyen equitativamente al bienestar común, y lo que se ve en el horizonte son tensiones sociales que sólo desincentivan la actividad económica en el sector formal sobrecargado de obligaciones, no sólo tributarias, sino también laborales, de seguridad social, de pensiones, etc.
Queda claro que no se trata de cobrar o recaudar tributos como sea y cuando sea. Entonces, las soluciones urgentes pasan por saber si el gobierno de Arce Catacora tiene anotadas en su agenda la reducción de la tramoya estatal a su mínima expresión, o la reducción salarial drástica en la mitad a todo el aparato estatal. Son también soluciones reales los despidos masivos de burócratas estatales en áreas superfluas (oficinas antimperialistas, anticolonialistas o feministas, entre otros recovecos) o la jubilación obligatoria de los empleados públicos a los 65 años. Un tema en que nadie aún ha hincado el diente, es el de la reducción de las jubilaciones de policías y militares, cuyas cifras sobrepasan la ambición de cualquier mortal de los jubilados bolivianos y despiertan la envidia incluso de los “sobreremunerados burócratas”, incluido el propio presidente Arce Catacora. Se vienen días con soluciones claves. A ver qué pasa por el ex Palacio Quemado, ahora Casa del Pueblo.
