El presidente Luis Arce saludó el pasado 30 de marzo, en un comunicado de la Cancillería, las acciones antidemocráticas del dictador venezolano Nicolás Maduro. No fue un saludo cualquiera. Es un saludo que debería preocupar, particularmente, a la comunidad internacional por las prácticas que anuncia y las consecuencias que camufla.
Maduro inhabilitó a la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, sólo porque ella tenía serias posibilidades de ganar las elecciones del próximo 28 de julio. Por si fuera poco, proscribió también a su reemplazante: Corina Yoris, una académica de 80 años con una hoja de vida impecable. Cuando Yoris iba a registrar su candidatura y de seguro iba a triunfar, la dictadura venezolana bloqueó la página web y cortó con militares el acceso al edificio del Centro Nacional Electoral (CNE).
Esta última acción antidemocrática rompió el acuerdo de Barbados, donde el dictador se comprometió a elecciones transparentes. El CNE, controlado por Maduro, sólo registró a candidatos que no representan ningún riesgo para la perpetuación del chavismo en el poder. Al ver que se pasó de la raya, los aliados del tirano venezolano, entre ellos los presidentes Lula (de Brasil) y Petro (de Colombia) y el expresidente Mujica (de Uruguay), lo condenaron y exigieron comicios libres. En cambio, Luis Arce lo apoyó.
La Unión Europea, la comunidad latinoamericana y los países democráticos del mundo deberían tomar en serio las señales del Gobierno de Arce. ¿Acaso desean que Bolivia se convierta en otra Venezuela, en otra Cuba o en otra Nicaragua? Si no se manifiestan ahora con contundencia, en el marco de las normas internacionales de convivencia, en un año puede ser muy tarde, tan tarde como detectar un cáncer que ya está en su fase terminal.
A estas alturas, la comunidad internacional sabe que ahora los asesinos de una democracia son los políticos autoritarios que llegan al poder a través de las reglas de la democracia. Mussolini y Hitler tomaron el poder gracias a que alguna gente que estaba dentro del sistema político les abrió las puertas del sistema para que entren a destruirlo. A Mussolini, el rey Víctor Manuel III. A Hitler, el presidente del Reich, Paul von Hindenburg.
Algo parecido sucedió con Hugo Chávez. El presidente venezolano Rafael Caldera le dio la bienvenida. Mussolini, Hitler y Chávez utilizaron las instituciones de la democracia para matar la democracia. Luego, cerraron la puerta a cualquier otro político.
Bolivia transitó un camino parecido. Evo Morales y Álvaro García habían fracasado en su afán de destruir la democracia desde fuera del sistema. Entonces, simularon aceptar las reglas del sistema para tomar el poder. Actores políticos y sociales legítimos les pusieron la alfombra creyendo que iban a devenir políticos democráticos. Imposible. Apenas alcanzaron su objetivo comenzaron a desmantelarla.
Como pruebas, señalo algunas acciones: rompieron el límite constitucional que establece una sola reelección, se burlaron de un referendo, hicieron fraude, concentraron todo el poder en una sola persona, persiguieron a los librepensantes, violaron derechos humanos y asesinaron, anularon al periodismo independiente, fomentaron grupos violentos, destruyeron ONG y polarizaron a la sociedad civil.
Después de que una movilización popular echó a los gobernantes ilegítimos en noviembre de 2019, la cúpula del MAS volvió a simular que jugaba con las reglas de la democracia. En ese sentido, acordó con la oposición, bajo la mediación de la Unión Europea y la Iglesia católica, la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia.
Apenas tuvo la oportunidad rompió el acuerdo como Maduro, creó vacío de poder y mandó a sus seguidores a morir (Sacaba y Senkata) para llamar “golpe” a la recuperación de la democracia.
Áñez nombró a una persona proba en el Tribunal Supremo Electoral, pero su mala gestión y la pandemia contribuyeron al retorno del MAS al gobierno en octubre de 2020.
Como era de esperarse, Luis Arce y David Choquehuanca continuaron el desmantelamiento de la democracia. Encarcelaron, fabricaron juicios y sentenciaron a gente que contribuyó en la recuperación de la democracia, pero dejaron impune al principal causante de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019. El ministro de Justicia, Iván Lima, responsabilizó a Morales de aquellas muertes por haber “insistido de ir en contra de un referéndum”, pero no lo procesó como debió hacerlo.
El Gobierno de Arce encarceló cocaleros inocentes y fabricó la autoprórroga de magistrados a cambio de sentencias favorables a sus objetivos políticos. El mismo jefe de su partido denunció que aquel usó magistrados del Tribunal Constitucional para inhabilitarlo. Es decir, lo que Maduro hizo a María Corina Machado, el régimen Arce-Choquehuanca ya se lo hizo a él. ¿Quién será el siguiente? Supongo que Morales cree ahora en la importancia de contar con magistrados y jueces independientes.
Recientemente, Arce destituyó, violando la Constitución, a una vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, a quien había nombrado también violando la Constitución. Colocó en ese cargo a un personaje aún más cuestionado por sus prácticas antidemocráticas que su antecesora. Por si fuera poco, Choquehuanca destila, como Hitler, discursos de odio y supremacía aymara.
Además, la comunidad internacional, particularmente la Unión Europea, debería sintonizar bien las señales antidemocráticas del Gobierno del MAS. Arce es aliado de Putin, Ortega, Maduro y Díaz-Canel. No pido sanciones económicas, pero al menos evitar financiar las prácticas antidemocráticas del régimen que controla el Poder Judicial y el TSE. Un Gobierno democrático no controla otros poderes, garantiza elecciones libres.
Si Arce se va a reproducir en el poder simulando ser demócrata, Bolivia puede correr la suerte de Venezuela, Nicaragua y Cuba y miles de bolivianos van a verse obligados a migrar. ¿Hacia dónde? A los países vecinos, a Europa, a EEUU. Por eso, es importante que la comunidad internacional ponga mucha atención en las señales antidemocráticas de Arce.
