Un nuevo frente de batalla se abrió contra el caudillo y puede frenar su reposicionamiento en la guerra de facciones oficialistas, arrebatarle la iniciativa política de conducir en lo inmediato la coyuntura partidaria y poner en riesgo su obsesiva pretensión de ser nuevamente candidato del MAS en las próximas elecciones generales en Bolivia. Es un escollo que se suma a otros obstáculos levantados por el arcismo en estos últimos tres años, unos más graves que otros, dependiendo del prisma con el que se los observe.
Involucramiento con el narcotráfico —decenas de operativos antidrogas con destrucción de decenas de narcofábricas en el trópico cochabambino—, corrupción en su régimen de 14 años —están listos informes de auditorías de la Contraloría General en casos específicos— que han derivado en la imagen de despilfarro en tiempos de bonanza y de agotamiento del modelo económico del MAS, pedofilia —aunque parece que la figura de caso cerrado terminaría por imponerse en el escándalo con Gabriela Zapata—, y pertenencia al pasado político —ataque discursivo que lo coloca como principal factor de división y de bloqueo a las nuevas generaciones del masismo.
Se trata de un cerco alrededor de Evo Morales que ahora apunta a su responsabilidad política e institucional en las ejecuciones extrajudiciales planificadas y consumadas en el hotel Las Américas el 16 abril de 2009, en el centro de la capital cruceña, cuando efectivos de un grupo de élite de la Policía Boliviana abatieron a tiros a tres ciudadanos extranjeros y torturaron a los dos sobrevivientes, todos integrantes de una supuesta célula terrorista traída al país para materializar un plan separatista endilgado a la Media Luna (compuesta por cuatro departamentos), concretamente a grupos de poder económico de Santa Cruz.
Hace 15 años, a fin de que la retórica gubernamental se imponga y sea el mecanismo para resolver el “empate catastrófico” de ese momento entre el bloque popular en el gobierno nacional y las élites regionales al mando de gobiernos departamentales, el régimen instruyó la apertura del caso Terrorismo, que se extendió judicialmente durante una década sin encontrar culpables del delito de terrorismo, tal como acusó el Ministerio Público, la herramienta de persecución política preferida por los poderosos de ayer y de hoy.
El caso Terrorismo no era para buscar justicia. Sirvió para extorsionar descaradamente a los investigados —empresarios, políticos, cívicos, periodistas e intelectuales cruceños trasladados por tierra a La Paz—, para mantener presos por años a quienes nunca resistieron los atropellos y no se les probó haber cometido terrorismo ni separatismo, y tratar de disolver en el tiempo que Eduardo Rozsa y el grupo de extranjeros fueron contactados por gente del régimen de Morales y de Álvaro García Linera, presidente en ejercicio la noche de la matanza.
No es un tema menor si se toma en cuenta que Morales construyó su imagen a nivel nacional e internacional mostrándose como víctima de la violación de sus derechos humanos en los gobiernos neoliberales. De hecho, varias veces fue perseguido y detenido por defender a los productores de hoja de coca y sus ideales —“tierra y territorio” y “de la resistencia al poder”. Se convirtió en referente mundial de la lucha sindical y campesina gracias a la victimización frente al imperialismo estadounidense y las administraciones bolivianas sometidas a sus intereses con la fracasada guerra contra las drogas en Sudamérica, por ejemplo.
Al llegar al poder en 2006 con la etiqueta de líder indígena que venció todos los abusos y representaba a los discriminados y humillados de siempre en Bolivia, la esperanza de una verdadera transformación radicaba, entre otros aspectos, en que acabarían las violaciones a los derechos humanos y las muertes por razones políticas. Ahora es claro, sin inequívoco, que Morales pasó de víctima a verdugo ni bien tomó el poder.
¿Qué significa la frase “que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel” que lanzó en su programa de Radio Kawsachun Coca, el domingo 14 de abril de 2024? Que se victimizará, como lo ha hecho eternamente, para intentar sacar rédito político de una circunstancia adversa. Deliberadamente olvida que, pese a no haber estado en Bolivia, cuando se produjo la masacre en el hotel Las Américas, desde Cumaná, Venezuela, confesó que dejó “instrucciones precisas” a García Linera y al comandante de la Policía de 2009 para “hacer un operativo” y detener a los “mercenarios”.
¿Qué corresponde ahora en el campo legal? Carlos Valverde, periodista estudioso de ese capítulo en la historia reciente del país, plantea correctamente que Morales sea sometido a un juicio de responsabilidades porque las ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas cuando ejercía como presidente del Estado.
El arcismo ha optado por acorralar al caudillo y el caso de las ejecuciones extrajudiciales a extranjeros, que él mismo autorizó que lleguen, entraña un peligro adicional: poner al descubierto que nunca fue un líder democrático. ¿Será suficiente? ¿No será extemporáneo?
