Le costó mucho a Luis Arce tomar la decisión de abrogar el DS 5143 por el que intervenía Derechos Reales, y lo hizo ante las protestas de todo el país y sobre todo por las amenazas de los gremialistas.
No le sirvió de nada que el ministro Iván Lima reconociera que la intención real del gobierno era copar con sus militantes el sistema de registro de la propiedad urbana, una apetitosa manzana para quienes viven de la extorsión.
Los masistas aman cualquier posibilidad de extorsión porque de eso viven y desde 2006 lo que ha hecho el gobierno fue crear formas y oportunidades para la extorsión, como lo es, por ejemplo, la prohibición de exportaciones, que en realidad sólo encarecen las autorizaciones para exportar.
En 1969, el gobierno del general Alfredo Ovando Candia, que se había convertido de repente en izquierdista tras la muerte del Che Guevara, fue acusado de estar planificando una revolucionaria “reforma urbana” inspirada en la reforma agraria de 1952.
La protesta provocada por esa denuncia fue tan grande que el gobierno pidió a la agencia de noticias francesa que desmintiera la versión, a lo que la AFP respondió diciendo que el incidente se debía a que en el idioma español con una sola palabra se puede cambiar totalmente el sentido de una oración, mientras que en el francés se necesitan dos. ¿Tu ne comprends pas?
Medio siglo después de ese incidente, Arce decide atentar contra la propiedad privada urbana en Bolivia, aunque sólo sea para poner en los cargos de DDRR a sus militantes en reemplazo de los antiguos, que son muy remolones.
¿Se podría decir ahora que la propiedad privada está garantizada, a pesar de la tendencia socialista del MAS? ¿O se trata de un tema pendiente que cualquier comunista querría ponerle fin, como se ha hecho en todo país comunista?
La batalla de ahora ha sido ganada por los defensores de la propiedad privada urbana, no se sabe hasta cuándo, pero la propiedad rural es algo que los masistas desconocen todos los días.
Justamente ahora se reactiva el caso de las Londras, en Guarayos, debido a la revelación de que las tierras tomadas en 2021 son ofrecidas en publicaciones internacionales al módico precio de 6.000 dólares la hectárea.
Y se recuerda que en ese asalto participaron militantes del MAS, los “interculturales”, que llegaron a secuestrar a quince personas, entre ellas periodistas, y quedaron impunes y dueños de las mejores tierras de la región.
O el caso de la señora colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espetia, que invirtió 30 millones de dólares para cultivar arroz, y están sus tierras ahora ocupadas por funcionarios de Emapa.
Los avasallamientos de tierras y las extorsiones se dan todos los días.
