Fiel a su “estilacho”, al cocalero expresidente del Estado se le ha ocurrido pedir una indemnización en cash, de aproximadamente 2 millones de bolivianos, alegado el perjuicio que habría sufrido cuando el organismo electoral determinó que no sea candidato a Senador por Cochabamba. Recordemos que por SCP No. 087/2021 S4 del 7 de mayo de 2021, los entonces magistrados del TCP de la temible Sala 4ª licenciados René Yvan Espada Navía (relator) y Gonzalo Miguel Zamorano Hurtado a tiempo de concederle tutela, habían dispuesto: “La calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, a ser analizada y dispuesta, respectivamente, por la Sala Constitucional (…), considerando como parámetro los gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas, a consecuencia de la indebida e ilegal restricción de los derechos señalados en este fallo constitucional”.
En abstracto, es decir omitiendo al interesado y las circunstancias particulares que todos sabemos, esa pretensión no debiera asombrar a nadie, pues simplemente se trata de cumplir un principio elemental del derecho por el que todo el que causa un daño está obligado a repararlo y desde el control de convencionalidad aplicaría la célebre doctrina del Sistema Interamericano de la reparación integral.
Incluso para esos casos, el art. 113 de la CPE establece la obligación de repetir ese daño a sus causantes y, recientemente, el DS No. 5083 de 13 de diciembre de 2023 ya ha establecido un mecanismo para ese fin. Muchos debieran poner las barbas en remojo a la vista de sus ”aventuritas”.
No obstante y ya entrando al caso concreto, la pretensión del cocalero ha despertado una ola de justificada indignación en la ciudadanía, y la clase política —como de costumbre— sólo atina a reaccionar según el lugar que por el momento se sitúa en ese espectro: si se le oponen, también lo hacen al resarcimiento y si están en la vereda contraria, la apoyan entusiastamente, sin el menor vestigio siquiera de lo que la ciencia del derecho enseña. Muchos también hemos recordado que cuando se conoció esa SCP, el propio interesado había dicho públicamente que no le interesaba el dinero sino la justicia; ahora cambió radicalmente de postura. ¿O será una carta que ahora sacó de su ch’uspa a la vista de la situación del Tribunal Electoral, que también se le volcó?
Por mi parte, como abogado, celebro que el cocalero haya puesto en el tapete esa su pretensión. Más allá de que en aquellos momentos de 2021 era de dominio público que el TCP estaba rendido a sus pies, pues (entre otras deposiciones) cuidaban celosamente el esperpento jurídico del “derecho humano” a ser eterno candidato, acaece ahora que a la vista de su pretensión respaldada en aquella pieza (aquí no ingreso a su justicia o no), mi celebración se asienta en que es bueno que haya llegado la hora de hacer cuentas.
Mi estimada contadora me diría que hay que contar el haber, pero también descontar el debe. Y esta es la oportunidad de que la pretensión del cocalero violador en serie de la ley, de la CPE y los instrumentos internacionales aplicando su tristemente célebre “doctrina” del meterle no más, para en acto de elemental justicia, rendirle cuentas al país. Así como ahora prevalido de aquella SCP pide se le indemnice por los daños y perjuicios que habría sufrido (a mi juicio muy expectaticios pues, objetivamente no se tiene certeza que sería o no electo como senador para perfeccionar ese derecho reclamado), es pues también un acto de justicia que rinda cuentas y resarza los multimillonarios daños resultantes de aquella su tristemente célebre “doctrina” del meterle no más, por encima de todo lo que se oponga sus delirios totalitarios. Pienso por ejemplo sin pretensiones de profundidad, en los millonarios daños por sus bloqueos o en otros aun peores, como muertos, heridos y un largo etcétera en la que actuó como autor mediato.
Pero para ello, es urgente una vez más considerar que necesitamos con urgencia, un sistema de administración de justicia independiente de todos los poderes fácticos incluyendo los partidarios, además de idóneo y confiable. Salvando las excepciones que existen pues hay muy buenos operadores que pese a todo intentan hacer lo correcto, esta pretensión del cocalero y sus cuentas pendientes que han sido celestinamente encubiertas de manera sistemática por juristas del horror que en su momento de gloria le ataban sus guatos; prueba una vez más allá de toda duda razonable ese grotesco estado del arte de la justicia que no cumplió sus elementales obligaciones de garantía y ahora, el violador en serie de la ley con el encubrimiento del sistema, tiene el tupé de pedirle sea indemnizado.
Con todo, su obsceno pedido abre puertas para ver no sólo el haber, sino también él debe, cumpliendo aquella célebre definición antiquísima de justicia de Ulpiano: “Dar a cada uno lo suyo, según lo que corresponde”.
