Detrás de los bloqueos que han afectado la vida cotidiana de los bolivianos late una lucha subterránea por evitar la posible extradición de Evo Morales a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. Las tensiones se han agudizado en un conflicto donde los intereses políticos y las estrategias judiciales se entrelazan, llevando al cocalero a recurrir a sus seguidores para frenar un proceso que podría exponer los oscuros vínculos con el narcotráfico que muchos intuyen.
Los bloqueos de caminos no son espontáneos ni motivados por las demandas económicas como se presentan al público en general. En realidad, representan una táctica bien calculada para ejercer presión sobre el gobierno de Luis Arce y las autoridades judiciales. La verdadera razón es el temor de Evo Morales a una extradición que podría arrastrarlo a tribunales estadounidenses para responder por acusaciones de narcotráfico. En su desesperación, el cocalero ha apelado a los movimientos sociales, manipulando la narrativa y explotando la crisis económica como una excusa para movilizar a sus bases y proteger su propio futuro.
El problema para los bolivianos es que el cocalero está utilizando su influencia y poder de convocatoria para interrumpir el orden público y evitar la acción de la justicia, sacrificando la estabilidad del país en beneficio propio, en lugar de enfrentar los cargos de manera transparente. El verdadero miedo de Morales a la extradición es tan profundo que ha amenazado con un levantamiento indígena y militar si se formaliza su detención por los cargos de violación y estupro; o el cargo que fuere. La situación es tensa, y el “jefe indio del sur” (así le llamaba el difunto narcotraficante Hugo Chávez) no se rendirá y hará todo lo que esté en sus manos para evitar una posible extradición. No debemos olvidar que Nicolas Maduro y los miembros de su cartel también están buscados por narcotráfico.
No es novedad que la DEA ha intensificado su vigilancia en Bolivia, particularmente en la región del Chapare, el refugio del cocalero, lo que limita sus opciones de escape. El exministro Quintana ha sugerido que las tensiones podrían calmarse si el jefe indio se refugia en otro país o si el gobierno de Arce decidiera abandonar los intentos de extradición. Sin embargo, ambas opciones son, en el fondo, soluciones falsas. Ni la DEA y menos los gobiernos de los países vecinos estarían dispuestos a ignorar si el cocalero intentara cruzar sus fronteras. En cuanto a la posibilidad de suspender el trámite de la extradición, esto también prolongaría el conflicto y generaría mayor frustración entre los ciudadanos que exigen una Bolivia libre de corrupción y crimen organizado. El cocalero está prácticamente oculto y aterrorizado.
Mientras Morales permanezca en Bolivia sin responder por las acusaciones en su contra, el país estará atrapado en un ciclo de tensiones sociales y judiciales que pone en peligro la paz. La solución para Bolivia pasa por un proceso judicial transparente que permita a Morales no solo responder a las acusaciones de estupro, tráfico de personas, corrupción de menores, sino también de narcotráfico en Estados Unidos. Hasta ahora, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ha comenzado a tramitar la extradición de Maximiliano Dávila, quien fuera jefe antidrogas durante la gestión de Morales y enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Dávila podría ser la pieza clave que ponga en evidencia la implicación de jefe indio en el narcotráfico; si la justicia permite su extradición y se realiza un juicio en el exterior, se podría esclarecer el alcance de la participación de Evo Morales en esta red.
En este contexto, el papel de los medios de comunicación y de los mediadores en el conflicto resulta fundamental. La ciudadanía necesita estar informada de manera veraz y sin manipulación, especialmente en una situación en la que los medios pueden ser utilizados para tergiversar la realidad y evitar la responsabilidad penal del cocalero. Los mediadores, entre ellos la Iglesia católica, deben ser conscientes del riesgo de ser manipulados para proteger al cocalero acusado de crímenes graves. Es vital que estos actores mantengan su independencia y busquen promover un proceso justo y transparente en el que el jefe indio rinda cuentas ante la justicia, sin excepciones ni privilegios especiales, por todos los delitos que se le acusa, partiendo con el de estupro. Vayan las autoridades por él.
