Una vez más se reporta un caso de violencia dentro de una de las cárceles de Bolivia; paradójicamente, se trata del penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el municipio de Viacha, La Paz. Según explican los expertos, a este recinto sólo deben llegar personas de alta peligrosidad sentenciadas o procesadas por delitos graves, pero en la actualidad esto no se cumple.
En los últimos ocho años, se reportaron 60 reclusos fallecidos en medio de trifulcas por pugnas de poder entre los mismos internos de las cárceles de Bolivia; sin embargo, es la primera vez en todo este tiempo que un director del penal de máxima seguridad es agredido por los internos.
En las innumerables incursiones que hicieron periodistas dentro de los penales, los mismos internos señalan que quienes controlan los recintos penitenciarios no son los uniformados, sino los delegados; ellos se encargan de “poner orden”, de designar las celdas de acuerdo con la capacidad económica que tienen los detenidos, a vista y paciencia de las autoridades. Resulta que el pasado sábado 8 de junio, a las 17:30, el mayor Roger Sánchez, director del Centro Penitenciario de Chonchocoro, en compañía de un subteniente y un sargento, ingresaron al Bloque B de este penal para verificar la celda de Misael Nallar, quien —según el reporte policial— al ver entrar a los efectivos, agredió directamente al jefe policial.
“Ingresamos a la celda 305 perteneciente al privado de libertad Misael Nallar Viveros, quien empujó al mayor Sánchez y fue en ese momento que varios privados, agrediendo físicamente al teniente Capia, llegaron a golpearlo a puñetazos y patadas, con palos hasta tenderlo en el piso”, señala el documento que supuestamente fue filtrado a los medios de comunicación.
A raíz de esto, un contingente policial antimotines ingresó al penal para “controlar” la situación, poniendo en zozobra a familiares de los reclusos y a los mismos internos. Nallar, investigado por el triple asesinato de dos policías y un civil, fue aislado con otras cinco personas que habían dirigido los actos que terminaron en un motín.
Su abogado dijo que fue víctima de tortura, que le sacaron las uñas de manos y pies, extremo que fue negado por el Director de Régimen Penitenciario; de comprobarse esta denuncia, las instancias defensoras de derechos humanos deberán actuar conforme a la norma.
La Policía informó que los seis reclusos que protagonizaron la trifulca fueron aislados y procesados por tentativa de homicidio, así como por deterioro de bienes. Pero la pregunta es si esto permitirá tener un control real de uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad de Bolivia o si sólo logrará que la tensión baje un poco para que luego todo vuelva a la “normalidad”.
