Se cumple más de un año de la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y de la desarticulación de su supuesta estructura, entre los cuales se encontraba su testaferro Erland García, alias el Colla, quien fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva. Sin embargo, tras una prolongada lucha judicial del Ministerio de Gobierno, García se benefició, en primera instancia, con la detención domiciliaria y, posteriormente, el 30 de julio, con su liberación.

Un mes más tarde, el 1 de septiembre, se conoció que un grupo de sicarios armados asesinó en Cotoca, Santa Cruz, a una persona e hirió con cinco balazos al Colla. A raíz de esto, el Ministerio de Gobierno cuestionó y responsabilizó enérgicamente a los administradores de justicia por la liberación de esta persona, que, de acuerdo con las investigaciones, había rearticulado una organización criminal con vínculos en Brasil y Paraguay; además, intentaba asumir el poder que dejó Sebastián Marset tras su fuga.

El Ministerio de Gobierno señaló que, el 30 de julio de 2024, el juez Primo Flores levantó la detención domiciliaria de Erland García, concediéndole la libertad a pesar de la “oposición fundada” presentada por esa cartera del Estado y por la Fiscalía. Posteriormente, se presentaron incidentes y recursos de apelación contra la “determinación ilegal”, que está pendiente de resolución por parte de la sala penal correspondiente.

“En este sentido, el Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez Primo Flores y a los vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado Erland García López al otorgarle su libertad”, indica el comunicado de esta cartera estatal.

La Policía identificó los nexos que había establecido García López desde su reclusión en el penal cruceño y, posteriormente, al salir en libertad. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intervino un enorme hangar en el municipio de Cotoca, supuestamente de propiedad del Colla. El operativo permitió el secuestro de nueve avionetas, cuatro vehículos y diversos objetos que, según el fiscal Julio César Porras, serán sometidos a microaspirados para detectar cualquier residuo de sustancias controladas.

Ante esta situación, surge la pregunta de cómo el sindicado, que ahora se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica cruceña debido a los cinco balazos que recibió, pudo estructurar toda una organización delictiva y poseer un amplio terreno para instalar un hangar con varias avionetas. 

¿Qué sucederá con los jueces y vocales que, están identificados, liberaron al implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico y quien ahora se debate entre la vida y la muerte, a pesar de que tanto la Fiscalía como el Ministerio de Gobierno demostraron su peligrosidad?