No debe haber un solo boliviano deseoso de que el Gobierno se equivoque en sus expectativas y proyecciones para la economía del país.

Sin embargo, creer sin reservas en los anuncios oficiales es un tanto difícil y no sólo por la desconfianza ciudadana que se ha ganado el Ejecutivo —fenómeno natural al cumplirse la mitad del mandato presidencial—.

Además de atentar contra derechos propietarios, los avasallamientos de tierras atentan contra la seguridad alimentaria de los bolivianos y constituyen un factor de presión para el crecimiento urbano caótico, imposibilitando así la planificación y ordenamientos territoriales instituidos por ley.

La investigación del caso de los más de 470 kilos de cocaína boliviana incautados en Madrid luego de su arribo al aeropuerto de Barajas está detectando fallas en los controles antidrogas nacionales, pero la manera cómo el Ministerio de Gobierno encara el asunto suscita inquietudes.

Lo acontecido ayer en el Concejo Municipal de Cochabamba es un acto delincuencial que pone en cuestión la calidad de los líderes de las organizaciones políticas a las que obedecen las bancadas de ese Órgano Legislativo edil.

Los bolivianos festejamos hoy a los maestros, en principio a aquellos que se encargan de la educación de niños y adolescentes desde el nivel preescolar hasta que concluyen el colegio, pasando por las escuelas, y, por extensión, a los docentes que terminan de formar a los jóvenes en institutos y universidades.

Loable labor la de las profesoras y los profesores que enseñan las habilidades que hacen de sus discípulos ciudadanos productivos y responsables.

Imaginemos que un delincuente asalta en la calle a un ciudadano y lo despoja de su billetera y objetos de valor. La víctima presenta la denuncia contra el agresor plenamente identificado, y al someter el caso ante la justicia, el agredido confía en el imperio de las leyes.

La invasión y toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) por un grupo de personas afines al oficialismo, la mañana del viernes último, en La Paz, evidencia la pretensión gubernamental de anular por completo a una institución crítica y emblemática en la defensa de la democracia, y es una señal alarmante para los bolivianos.

Treinta días de crisis en el Concejo Municipal de Cochabamba —provocados por la elección, el 3 de mayo, de una directiva que no era la que deseaba el Órgano Ejecutivo edil— condujeron a una nueva votación que dio como resultado otra directiva.

Las noticias recientes acerca de incautaciones de cocaína boliviana en España y Chile evidencian que, a pesar de los mediatizados operativos antidroga, la acción gubernamental es —por decir lo menos— ineficiente contra el narcotráfico, cuyo crecimiento se evidencia también en el incremento de otros actos criminales.

Si el Ministro de Gobierno pretendía despejar incógnitas acerca de las circunstancias de la muerte del interventor del Banco Fassil al anunciar que “Colodro se arrojó del balcón” y que “fue un suicidio”, sin más, parece que no tuvo éxito.

No, porque ese anuncio —formulado la noche del martes, 72 horas después de que Carlos Alberto Colodro murió— no sólo deja sin respuestas varias preguntas sobre el hecho, sino que suscita otras.