Muchos analistas y políticos argumentan que la corrupción en ámbitos privados no daña a los ciudadanos, que simplemente es un daño entre partes que debe arreglarse a nivel de juzgados, sin embargo, lo ocurrido con el Banco Fassil nos demuestra todo lo contrario.
Recordemos que desde plataformas políticas, a través de las redes sociales, se pretendió tomar como una verdad que el dueño del mencionado banco era un exvicepresidente del Estado, también se rumoreaba que los principales accionistas eran empresarios venezolanos que captaban dólares de los ciudadanos bolivianos para llevarlos a Venezuela, país que sufre un bloqueo financiero.
Sin embargo, cuando la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI) intervino esa entidad financiera, se pudo establecer claramente que los principales accionistas eran empresarios cruceños ligados a consorcios empresariales que lograron establecer toda una red de créditos direccionados y vinculados a sus intereses.
La asonada de 2019 que se dio en el país, la misma estaba encabezada y financiada por algunos grupos empresariales cruceños que cuando tomaron el poder, la designación de autoridades que se dio favoreció a allegados o incluso empleados de estos empresarios. Pero si su actuar hubiera sido transparente, no se tendrían objeciones a su trabajo, sin embargo, las irregulares administrativas y financieras fueron públicamente conocidas, recordemos que los casos más emblemáticos fueron las irregularidades en la compra de respiradores y de gases lacrimógenos.
Dentro de esas irregularidades administrativas están que las autoridades competentes del sistema financiero del gobierno de Áñez recibieron la solicitud del Banco Fassil de emitir un informe sin observaciones respecto de su situación patrimonial, para que de esta forma las se autorizar la capitalización a través de un crédito de 106 millones de bolivianos, olvidando aplicar los procedimientos técnico-financieros y lo peor es que las autoridades de ese entonces no recordaron que una de sus principales acusaciones era que el Estado generaba mucho crédito interno, pero cuando se trataba de los amigos ese criterio quedo en el olvido.
Podría decirse o especular que ese cambio de actitud fue para apoyar a los empresarios “amigos” que apoyaron la asonada de 2019, pero extraña que los analistas económicos de siempre se queden callados ante semejantes irregularidades. Para estos analistas ya no había que se estaban utilizando las joyas de la abuelita para financiar empresas deficitarias privadas, sorpresivamente, el Estado ya no estaba raspando la olla, parecía que para estos agoreros de la crisis, la salvación llegó con el gobierno de Áñez.
Tampoco estos analistas, dijeron ni dicen nada respecto de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Vociferan indicando que es mucho riesgo que nuestros aportes sean invertidos en títulos valores del Estado, pero guardan un silencio cómplice cuando las AFP invirtieron 1.000 millones de dólares.
Para estos analistas, con esas inversiones no corren riesgo nuestros aportes y mucho menos nuestra jubilación, prueba clara de que sus análisis van cargados de una ideología política conveniente a sus intereses personales y/o de grupo.
La ciudadanía está consciente de que todos aquellos analistas y políticos que sueñan con la llegada de la crisis económica, emiten opiniones y juicios de valor donde priman los intereses políticos y no como debería ser una opinión con un análisis técnico financiero.
