Como parte del sainete anual para el incremento salarial, el presidente Arce prometió enviar al Legislativo un proyecto de ley que establezca la jubilación obligatoria a los 65 años. Tal vez recordando épocas en que trabajó en el Banco Central neoliberal y emulando a un expresidente que quiso suprimir el Bonosol, Arce dijo: “Se ha establecido un límite máximo de acuerdo a la Ley General del Trabajo, un tope de 65 años que el trabajador tiene que tener para trabajar y por encima de esos 65 años nosotros consideramos que ya no tiene un aporte al sector que corresponde y debería jubilarse”.
Cumplió su amenaza el pasado 5 de junio, enviando el proyecto que, en relación al tema, dispone que, para coadyuvar con la preservación de la salud y bienestar de los adultos mayores, los asegurados dependientes que tengan 65 o más años de edad, y cumplan requisitos establecidos en la Ley de Pensiones (del MAS), se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez.
Una vez más, el presidente cometió un gafe cuando afirmó que hay un límite máximo establecido en la Ley General del Trabajo (LGT) para que las personas se jubilen. El artículo 66 de la LGT (de 1939) que establecía la jubilación obligatoria a los 65 años, salvo que el empleador admitiese que continúen prestando servicios por tres años más, fue derogado en diciembre de 1956, cuando se puso en vigencia el Código de Seguridad Social, que se mantuvo vigente hasta noviembre de 1996, cuando fue reemplazo —para el seguro a largo plazo— por la Ley de Pensiones de Sánchez de Lozada, base de la actual ley masista sobre el tema.
La derogatoria fue dispuesta por el artículo 296 del Código de Seguridad Social que mandaba: “Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a las establecidas en el presente Código”.
Cuesta creer que alguien que proclama ser “comunista”, “socialista”, que dice estar en contra de las oligarquías y que es el “presidente de los pobres y los necesitados”, tenga semejante pensamiento sobre los adultos mayores, tan similar al de los odiados neoliberales.
El papa Francisco advirtió varias veces contra la cultura que margina a los adultos mayores, seleccionando la vida en función de la utilidad y señaló que, por el contrario, deben estar en el centro de la atención de la comunidad, añadiendo que “el diálogo entre los niños y los abuelos es fundamental para evitar el crecimiento de ‘una generación sin pasado, es decir, sin raíces”.
Y también expertos bolivianos, le hicieron saber al presidente que su proyecto no trae ningún beneficio para nadie y que se trata de una suerte de relocalización. Podría pedir opinión, por ejemplo, al abogado Hernán Clavel o a los economistas Carlos Calle y Alberto Bonadona que, con seguridad, le advertirían del tremendo yerro que supone el proyecto de marras.
De nuestra parte, queremos informar al presidente Arce que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919 para mejorar las condiciones de trabajo en el mundo, bajo la premisa de que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social, tiene las denominadas Normas Internacionales de Trabajo (NIT), que son producidas por gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados que la conforman. Que tales normas son de dos tipos: convenios (o protocolos), que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes, y recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes.
De los 190 convenios que hasta el presente ha adoptado la OIT, once se consideran “Convenios Fundamentales” y no requieren la ratificación de los Estados para su vinculatoriedad. Uno de ellos es el 111, que se refiere a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y que rige incluso por encima de la Constitución; y que ésta, en su artículo 14, determina que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de (…) edad, (…), u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
Triste también que el proyecto excluya de sus alcances a las autoridades elegidas, designadas y de libre nombramiento, como si éstas —de ser ciertas las afirmaciones del presidente— tuvieran garantizado un rendimiento de excelencia más allá de su edad, por el solo hecho de ser políticas.
Basta, presidente, no vuelva a equivocarse.
