En las últimas semanas, tres instituciones relevantes de la sociedad (la Fundación Jubileo, la Fundación Milenio y la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz) han publicado por separado importantes análisis sobre la situación económica y social de nuestro país y sus perspectivas en el corto y mediano plazo.
Apoyados en datos empíricos, investigadores y académicos de diversos campos, mostraron una radiografía muy completa sobre la coyuntura económica en áreas como finanzas, sector fiscal, hidrocarburos, política monetaria, minería, agroindustria, exportaciones, contrabando, turismo y medio ambiente, pero también sobre la situación laboral, la justicia, el desarrollo local y el sistema de pensiones. Asimismo, plantearon varias alternativas muy coherentes y factibles, no solo para enfrentar los problemas identificados, sino para aprovechar las oportunidades internas y externas que se nos presentan en la actual coyuntura mundial y regional.
Más allá de la pertinencia y calidad de los estudios, son destacables las varias coincidencias a las que arriban los tres documentos, tanto en el diagnóstico como en las conclusiones y recomendaciones.
Para Milenio, por ejemplo, los principales problemas que aquejan a nuestra economía son la fragilidad de la posición externa y la escasez de dólares; el elevado déficit fiscal y su financiamiento; el riesgo de estancamiento económico, y un ambiente de desconfianza en la conducción de la economía.
Jubileo considera que los conflictos actuales provienen del creciente gasto público que generó profundos déficits fiscales y elevado endeudamiento; y del congelamiento del tipo de cambio que produjo déficits en la balanza comercial y una constante caída de las reservas internacionales netas. Por su parte, la Cainco sostiene que Bolivia atraviesa por una crisis de balanza de pagos que ha generado escasez de divisas y encarecimiento del dólar, aunque también alude a temas estructurales como la necesidad de estabilidad macroeconómica y financiera, regulaciones menos restrictivas e inútiles y un fuerte énfasis en la productividad, la innovación y el desarrollo.
Sin embargo, los estudios también presentan algunas diferencias que responden más a la naturaleza académica, social o empresarial de las instituciones, que a los diagnósticos o las conclusiones. Así, por ejemplo, la Cainco hace énfasis en la necesidad de alcanzar consensos políticos mínimos, recuperar la confianza en la estabilidad macroeconómica y garantizar la seguridad jurídica para enfrentar la crisis. “Más que una discusión ideológica, la urgencia requiere un enfoque que sea técnicamente correcto, políticamente viable y organizacionalmente posible”, sostiene.
Por su parte, Milenio propone —como mecanismos para afianzar la estabilidad económica—, debatir medidas más radicales como el subsidio a los combustibles, el tamaño del empleo público, los déficits de las empresas públicas; y dejar que opere libremente el tipo de cambio paralelo. “Hace falta recomponer las fuentes de riqueza y generación de ingresos, con cambios estructurales que estimulen la inversión y la iniciativa privada y, sobre todo, promover las exportaciones. Es indispensable restablecer la credibilidad del país y de su Gobierno y reducir los factores de riesgo político e inseguridad jurídica; en suma, fortalecer la gobernanza política y económica”, sostiene. Jubileo considera que “La situación demanda un plan económico de emergencia, que aborde los problemas o desequilibrios de fondo (…) a partir de un sinceramiento sobre las limitaciones actuales del Estado (…). Se trata de generar alternativas para cambiar un modelo agotado y sin resultados sostenibles en el tiempo”.
Jubileo desarrolla un análisis amplio y consistente sobre el problema del empleo y advierte que su precarización sostenida puede acarrear problemas sociales muy graves en el futuro. La Cainco profundiza en el tema del contrabando y hace una síntesis minuciosa de la potencialidad y oportunidades de distintos sectores de la economía, mientras que Milenio aporta con un estudio serio y clarificador sobre la Gestora Pública y la incertidumbre del sistema de pensiones. En todos los casos y, con diferencia de intensidad, las instituciones cuestionan las medidas que el Gobierno ha implementado en el último tiempo, así como su responsabilidad en el origen de los problemas estructurales.
Se trata de investigaciones de entidades bolivianas que buscan aportar al debate y la reflexión abierta y honesta sobre los problemas evidentes y las soluciones posibles, que merecen ser conocidos por la ciudadanía, pero, sobre todo, considerados y analizados por el gobierno que necesita, más que nunca, escuchar las opiniones y sugerencias de todos, más allá de sus afinidades o desavenencias políticas o ideológicas coyunturales.
El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
