¿Por qué el Gobierno de Luis Arce encarcela a la persona que cumple la ley y no al que la incumple?
Esta historia comenzó en 2017, cuando el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley General de la Coca (906) con un objetivo: legalizar la coca producida por su sector, en el trópico de Cochabamba, que en un 94 % es desviada al narcotráfico.
La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) se opuso a esa ley. ¿Por qué? Porque legaliza la coca que va al narcotráfico. Franclin Gutiérrez, presidente de esa organización en 2017, criticó además a Morales por haber ampliado de 12 mil a 22 mil hectáreas los cultivos “legales” de coca pese a que los bolivianos no necesitan esta cantidad para consumo tradicional.
A Gutiérrez le costó la libertad su decisión de defender el interés nacional. El Gobierno de Morales le montó un caso: haber matado a un policía a una distancia de 45 kilómetros, en Yungas. Y lo encarceló (a través de un juez).
En enero de 2020, un fiscal me contó que Gutiérrez estaba preso por orden de “arriba” (léase Evo). Reconoció que no había ni una prueba en su contra.
Encarcelado el presidente de Adepcoca en agosto de 2018, el Gobierno de Morales determinó tomar esa organización. Con ese fin, creó el 31 de julio de 2019 una organización paralela encabezada por Elena Flores. Fracasó. En venganza, aplicó controles para favorecer a unos y castigar a otros. Dividirlos sembrando cizaña.
En la crisis política de 2019, los cocaleros yungueños se sumaron a la rebelión popular que terminó expulsando del poder a Morales por haber transitado de presidente democrático a tirano al violar la Constitución, el referendo del 21F y su propia palabra.
Tras el retorno del MAS al gobierno en octubre de 2020, Morales comenzó el plan venganza. El presidente Luis Arce obedeció el plan al permitir que su ministro de Gobierno y la Policía apoyen al masista Arnold Alanes en la toma del mercado de Adepcoca el lunes 20 de septiembre de 2021.
Al día siguiente, martes 21 de septiembre, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, se presentó en la sede de Adepcoca y amenazó con detener a los cocaleros que se opongan a su protegido Alanes.
Ese mismo día, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Reymi Gonzales, firmó una resolución ministerial que en su artículo segundo señala: “Se restituye el Mercado de la Hoja de Coca a los ambientes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), ubicado en la zona de Villa Fátima, avenida Ramiro Castillo, esquina calle Arapata”.
La resolución se basó en el artículo 24.II de la Ley General de la Coca que establece: “Se reconoce en el departamento de La Paz, el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca – Adepcoca, y en el departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba”
Los cocaleros yungueños no se asustaron ante la amenaza del ministro. El presidente legítimo de Adepcoca, Armín Lluta, comandó la recuperación del mercado. El Gobierno de Luis Arce infiltró policías vestidos de civil en las movilizaciones. El objetivo: montar pruebas, culpar a los cocaleros y encarcelar a sus dirigentes. Vecinos de Villa El Carmen y Villa Fátima vieron a los infiltrados tirando dinamitas para culpar a los cocaleros. Los filmaron y denunciaron.
Tras 13 días de movilizaciones, el lunes 4 de octubre, los cocaleros yungueños retomaron su sede tras derrotar al Gobierno de Arce y al jefe del MAS.
El 22 de noviembre de 2021, después del triunfo, los cocaleros yungueños nominaron presidente a Freddy Machicado.
Días antes, el martes 12 de octubre, el Gobierno permitió a su dirigente Arnold Alanes abrir un mercado ilegal en Urujara, La Paz, en franca violación de la Ley General de la Coca. Posteriormente, el mercado fue trasladado a la calle 1 de Villa El Carmen.
Los cocaleros yungueños pidieron al Gobierno respetar la ley y cerrar el mercado ilegal. Ante el incumplimiento de la norma por parte del Gobierno de Arce, los yungueños nombraron en septiembre de 2022 un comité de autodefensa encabezado por César Apaza.
En obediencia a la Ley y a sus bases, Apaza pidió al Gobierno de Arce cerrar el mercado ilegal. Ante la inobservancia, el comité de autodefensa convocó a una movilización para el 8 de septiembre de 2022. Miles de cocaleros llegaron de los yungas a La Paz.
Cuando pasaba la marcha, un grupo de personas tiró bombas molotov desde la parte superior del mercado ilegal contra los manifestantes. Una bomba cayó sobre Isaías Miranda que, por las heridas, tuvo que ser evacuado a un centro médico. Ante la provocación, los cocaleros yungueños se defendieron.
De pronto, el mercado ilegal terminó quemado. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia de que el incendio haya sido provocado por los cocaleros yungueños y menos por sus dirigentes.
En cambio, Adepcoca identificó a las personas que tiraron bombas molotov, presentó una denuncia por los delitos de tentativa de asesinato y asociación delictuosa, pero la Fiscalía la rechazó.
¡Sorpresa! Días después, Isaías Miranda pasó de víctima a denunciado. “Quien instaba a que se ataque a la base movilizada del señor Freddy Machicado era el señor Arnold Alanes, pero el Ministerio Público no lo convocó. Tampoco a quienes han lanzado las bombas molotov (que fueron identificados)”, dijo la abogada de Adepcoca, Evelin Cossío.
Tras la quema del mercado ilegal (hecho montado), el Gobierno de Luis Arce comenzó a cazar a los dirigentes: el 14 de septiembre de 2022, detuvo a Freddy Machicado; el 15 de septiembre, a Raúl Uría; el 22 de septiembre, a César Apaza. También fueron detenidas Rosalva Vargas, Gudelia Botitano. Ambas recibieron medidas sustitutivas. Los otros tres permanecen encarcelados.
La Policía torturó a Apaza al detenerlo a tal punto que comprometió su salud de por vida. Luego, la Fiscalía lo sindicó de 12 delitos, entre ellos: incendio, lesiones graves y leves, atentados contra bienes públicos, allanamiento de domicilio, robo agravado, secuestro, atentados contra miembros de seguridad del Estado, tráfico de armas y otros.
En tanto, Alanes volvió a abrir el mercado ilegal con el silencioso aval del Gobierno de Arce.
El recién pasado 15 de agosto, el mismo Gobierno que permitió su apertura clausuró el mercado ilegal de Alanes. Es decir, un año después aplicó la Ley 906 con lo que dio razón a César Apaza, a Freddy Machicado y a todos los yungueños que pidieron cerrar ese mercado. Sin embargo, Apaza sigue preso. Sigue siendo torturado.
El 28 de agosto, el mismo ministro Del Castillo, que proclamó a Alanes el 21 de septiembre de 2021, declaró: "Lamentablemente en el mercado del señor Arnold Alanes hemos encontrado coca choqueta. La coca choqueta no es para el consumo humano, es básicamente destinada para el narcotráfico, tenemos información de inteligencia".
Otra vez, el Gobierno de Arce dio la razón a Apaza, Machicado y a los yungueños que denunciaron que ese mercado ilegal fue instalado para desviar coca al narcotráfico.
En respuesta, Alanes advirtió el martes 29 de agosto a Del Castillo: “Debo denunciar públicamente (que) la intención del ministro (de Gobierno) es meterme preso o asesinarme”.
Es más, le advirtió lo que puede hacer: “él sabe. Tú sabes ministro lo que yo sé y estas intentando matarme, o meterme preso y hacerme matar en la cárcel”.
¿Qué saben el ministro y Alanes? ¿Saben cómo funcionó el plan venganza o saben que la quema del mercado ilegal fue un montaje? Si el Ministerio Público fuera independiente, ya hubiese convocado a ambos para esclarecer este caso.
Alanes dijo, además, que si el ministro de Gobierno lo mete preso, él lo estará esperando con “un espacio en la cárcel”. De este modo, Alanes reveló que no son los jueces los que ordenan el encarcelamiento de los enemigos del régimen, sino el mismo Gobierno. Algo más, lo que sabe Alanes del ministro de Gobierno es tan grave que si lo revela éste irá a parar a la cárcel. Del Castillo quedó amuki (callado).
¿Por qué el Gobierno de Luis Arce encarceló a la persona que cumple la ley y no al que la incumple?
Porque el Gobierno de Arce cumplía órdenes de Evo Morales.
¿Por qué el Gobierno de Arce cambió su postura respecto a su “hermano” Alanes?
Porque Arce rompió con Evo y quiere tener a Adepcoca de aliado para usar a sus afiliados como soldados ante un eventual conflicto con los cocaleros del Chapare.
Hace nueve días, Apaza se declaró en huelga de hambre para pedir su libertad. Apaza es preso político y víctima del odio del Gobierno de Arce. Apaza es inocente y debe ser liberado.
Ya Sócrates lo dijo: “Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no”. El que se convierte en injusto padece el mal del alma, difícil de curar. La víctima de la injusticia recuperará su paz al recuperar su libertad, en cambio, el injusto no, seguirá enfermo del alma porque la justicia “es el orden del alma”. Por ello, los injustos son siempre desgraciados y dignos de la más sentida compasión.
El autor es periodista
