El mundo está en vilo con el abierto desacato de Israel a la Resolución 2728 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada el pasado 25 de marzo y que le exige detener el fuego en la Franja de Gaza. Es probable que muchos ni sospechen la magnitud de la situación y el resquebrajamiento que sufre el derecho internacional.
La desproporcionada contraofensiva que lleva adelante Israel, que ya ha matado a 32.000 palestinos en Gaza, dejando ciudades en escombros, tras el violento ataque de Hamas a su territorio el 7 de octubre de 2023, ha ingresado en una fase crítica.
La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 25 establece que las decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los estados miembro de la organización, es decir son resoluciones vinculantes. Sin embargo, de forma sorpresiva, Estados Unidos ha mencionado que la última resolución no es vinculante, lo que ha sumido en profundo cuestionamiento el papel del Consejo del que paradójicamente forma parte junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido, entre los miembros permanentes con derecho a veto.
Con esta posición se ha puesto en riesgo la responsabilidad primordial del Consejo que es mantener la paz y la seguridad internacionales. Se está socavando su credibilidad.
Este juego perverso también podría conducir a una irreversible percepción de debilidad en el sistema internacional y, lo que es más grave, a una escalada del conflicto con consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles.
De agudizarse el incumplimiento de la resolución, en una zona de inestable equilibrio, se podría también debilitar la confianza en el sistema multilateral y fomentar un enfoque más unilateral y desordenado para abordar los conflictos y desafíos globales. Otros actores vecinos de Israel podrían desatar acciones inesperadas sin que exista la capacidad de acción de un Consejo de Seguridad que puso en duda sus propias resoluciones.
Sin embargo, un resquicio de esperanza se abre con las negociaciones directas en Washington a las que Israel se negó a acudir tras la resolución y que tuvo que dar marcha atrás por la presión mundial.
Hamas, lo mismo que Israel pide la devolución de sus rehenes, capturados en estos últimos meses. Y quizá ese intercambio sea una parte de la solución, siempre y cuando Israel desista de la captura de Yahya al Sinwar, comandante de la organización acusada de terrorismo, Hamás.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitido en enero de 2024, para que Israel adopte medidas para evitar violar la Convención sobre el Genocidio y realizar acciones para promover la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza ha quedado en el aire. La CIJ no tiene capacidad coercitiva para el cumplimiento de sus fallos y únicamente cuando éstos no son acatados pueden acudir al artículo 94 de su estatuto, que manda a recurrir al Consejo de Seguridad para su cumplimiento, algo que en las presentes circunstancias resulta en un mal chiste para el derecho internacional.
Lo mismo ocurrirá con el referal (demanda) presentada por cinco países contra Israel en la Corte Penal Internacional (CPI). Este proceso, iniciado por Bolivia junto a Sudáfrica y tres diminutos países en el Asia y África hace algunos meses, correrá por la habitual demora en su tratamiento.
Entre tanto, 1,2 millones de gazatíes hacinados en la ciudad de Rafá, al sur de la Franja de Gaza, desesperan por noticias de una posible incursión del ejército de Israel, que puede ser devastadora. La suerte de esta población pende de un hilo negociador en Washington.
Se ha considerado crear tres islas humanitarias para trasladar a esa población, panorama que se vislumbra inhumano después de haberlos llevado hasta esa ciudad donde supuestamente estarían cerca del paso que Egipto ha abierto para la ayuda humanitaria.
Sin ninguna duda, asistimos a la peor crisis del sistema internacional.
El autor es periodista, abogado y diplomático
