Fruto de políticas disparatadas y populistas, la Gestora se ha convertido en uno de los grandes problemas del país. La finalidad de la Gestora no es darle recursos al gobierno para que arbitrariamente intervenga y expropie los ahorros de los trabajadores aportantes. Su fin es maximizar la rentabilidad para los trabajadores y cuando se jubilen tengan una digna pensión. Ante el ahogo político y el apremio económico, Arce recurre a la experiencia de otros gobernantes populistas de la región y usa los fondos de pensión como si fueran suyos para financiar gastos corrientes, entre ellos los sueldos millonarios de la propia Gestora y de YPFB, lo que está prohibido por ley, pero que el régimen ignora.
¿Por qué no se decidió por el mejor sistema utilizado y comprobado en varios países como es la cotización mixta con un sistema privado sumado al sistema estatal de pensiones? El riesgo de que el Estado sea el único administrador es que es un pésimo administrador, como hoy está siendo demostrado.
¿Por qué decimos que es una intervención? Cuando el Gobierno utiliza esos recursos de acuerdo a sus propios criterios es una flagrante intervención en la administración, porque no son recursos de libre disponibilidad y no pertenecen al régimen. Cabe, pues, preguntarse: ¿Qué derecho se arroga el ejecutivo de la Gestora para meter sus manos corruptas e ineptas en las pensiones y capturar los ahorros de jubilación? La Gestora ha canalizado dinero a la inversión y al gasto público y, en función a la información disponible, no lo hace a través de mecanismos competitivos, de bajo riesgo y a la mayor rentabilidad que la ley obliga, poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores que serán los que asumirán directamente la irresponsabilidad de los administradores. Recordemos que el país fue demandado en el ámbito internacional por la confiscación de activos de las AFP, exigiendo indemnizaciones cuyo monto se ha multiplicado en el transcurso de 14 años de juicios. Nunca pensaron que era mejor llegar a un mal arreglo que perder juicios millonarios que deben pagar los propios trabajadores.
La Contraloría y en particular el Parlamento, como garante de la gobernabilidad democrática, debe interpelar y censurar al presidente ejecutivo de la Gestora al incumplir la Ley 065 por no tramitar intencionadamente el nombramiento del directorio como máxima autoridad de la Gestora, para eludir controles y por desacatar el envío a la ALP de informes de gestión semestral de los fondos administrados, incluido los estados financieros. Al no existir directorio, el Organismo de Fiscalización interno es inútil, sobre todo al fijar los límites de administración del portafolio de inversiones.
Los afectados trabajadores deben exigir una intervención estatal de la Gestora, porque hasta hoy no tienen garantías del buen uso de sus recursos. No se puede jugar con el futuro, nos enfrentamos a unos riesgos financieros demasiado grandes por el apetito insaciable de la administración por fondos líquidos para reparar su incapacidad de gestión económica financiera a la que han conducido.
