El 17 de julio de 2024 es una fecha importante para los bolivianos, especialmente para aquellos que tienen menos de 18 años. Ese día se conmemoran los diez años de vigencia de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente. Hoy, casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes bolivianos se acogen y benefician de esta norma que trajo un cambio de visión sobre ellos mismos, y el rol que el Estado asume en relación con la garantía de sus derechos.
Mediante este Código, Bolivia armonizó su marco normativo nacional al internacional con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que este año cumple 35 años de su adopción, y con la Constitución Política del Estado de 2009.
Entre los avances, se destaca que el Código reconoce, desarrolla y regula el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, y define un catálogo de derechos amplio entre los cuales figuran: el derecho a la vida, un nivel de vida adecuado, la salud, tener una familia, o la protección frente a cualquier forma de violencia, entre varios otros.
Para el logro de estos derechos se establece el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), constituido por un conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios, que funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales.
El Código determina el derecho a la participación de la niñez y adolescencia. Los representantes del Comité Plurinacional Niño, Niña y Adolescente son elegidos mediante un proceso democrático, que se inicia en las unidades educativas de todo el país. El proceso eleccionario les da representatividad, legitimidad y legalidad.
También persisten los desafíos, como el establecimiento de los mecanismos e instancias definidos por el Código, como es el caso del Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes; el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños o Adolescentes; o el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA); entre otros.
Una deuda que tiene el Código con la niñez y adolescencia es la relacionada con la prevención y atención de la violencia. Esto abarca desde el castigo corporal ejercido como forma de crianza hasta la extrema violencia como la agresión sexual, particularmente cuando las niñas y adolescentes mujeres son las víctimas.
El 7 y 8 de noviembre de este año se celebrará en Bogotá, Colombia, la Primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. En este evento participará el Gobierno de Bolivia, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer los avances del Código sobre este importante tema.
La lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez es, en esencia, acción. En las últimas dos décadas el Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar mejoras significativas en varios ámbitos de la vida de las niñas, los niños y adolescentes, tales como la reducción de la mortalidad materna, la desnutrición y la mortalidad infantiles. Sin embargo, todavía existen carencias sociales en salud, educación y protección, que han sido acentuadas a partir de la pandemia y que deben ser atendidas con alta prioridad. Dentro de los grupos más vulnerables se encuentra el de la primera infancia, así como las niñas, niños y adolescentes con discapacidades, el grupo de la niñez y adolescencia afrodescendientes e indígena, que es desproporcionadamente aún más vulnerable.
De manera acertada, la actual gestión del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se ha marcado importantes metas de gestión hacia el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñez y para remover obstáculos estructurales al ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes bolivianos. Dos ejemplos de esta agenda son el desarrollo del SINNA, el modelo de redes funcionales o la evaluación del mismo Código, a las cuales UNICEF ha venido apoyando mediante su asistencia técnica.
La implementación efectiva del Sistema Integral de Protección de la Niñez que define el Código no está sujeto sólo a la asignación de recursos sino depende también de una estrategia de implementación de la política pública basada en la coordinación y articulación de las funciones a cargo de las instituciones del sistema. En ese sentido, se recomienda el diseño de un sistema de evaluación del funcionamiento del sistema y cumplimiento de resultados y los efectos e impactos alcanzados en relación con los costos identificados.
La promulgación del Código fue, no cabe duda alguna, un avance significativo hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez boliviana. Sin embargo, las acciones legislativas y políticas solo son efectivas si van acompañadas de las medidas presupuestarias y de inversión correspondientes y acordes con los desafíos y brechas que se quieren superar.
